Con dos niñas, una en cada mano, Dayana Martínez Lito llega a la oficina de trámites del poblado cabecera, muy cercana a la torre del central, una de las pocas cosas que quedó en pie en este municipio después de Irma.

Anda acompañada de María Caridad Molina Pérez, a quien también resguardó en su casa. Afirma que vive sola y el ciclón le llevó parte de la cubierta de la vivienda. «Daño parcial de techo», le explican allí, donde también están presentes los representantes de la Vivienda, Trabajo y Seguridad Social, el Banco y Comercio.

María Caridad vino desde la comunidad La 21, porque le es más fácil trasladarse a la cabecera del municipio, que a la Loma, en la cooperativa de producción agropecuaria Mártires de Bolivia, donde también abrió sus puertas una de las cuatro oficinas que funcionan en el territorio.

–No importa, aquí le atendemos igual. ¿Trae el carné de identidad, la propiedad de la vivienda?–, pregunta Maileivis Álvarez Plasencia, jefa de la oficina.

La funcionaria explica el procedimiento a los pobladores que permanecen sentados en el amplio salón a la espera de los trámites, «por si les falta algún documento», aclara. Lo dice, para que lo escuchen todos.

«Una vez que se emita el certifico que califica a alguien como damnificado, asevera, el ciudadano debe presentarse en el puesto de dirección de la Zona de Defensa y traer a la oficina de trámites su carné de identidad, así como la ficha técnica y el certifico del presidente de la Zona de Defensa que lo señala como afectado. Después se puntualizan los recursos materiales que se requieren para reparar lo dañado; con la lista oficial de precios, se define el importe total de los materiales relacionados en la ficha técnica.

«Las formas de pago pueden ser por bonificación, en efectivo, por crédito bancario, subsidios, o la combinación de las cuatro», asevera.

A Gonzalo González Toledo y Asela María Guillén Irma les llevó una parte de la vivienda. En la oficina de trámites, Gonzalo hace las primeras gestiones para reconstruirla. Es jubilado, al igual que su esposa, pero tiene la seguridad de que recibirá ayuda.

«El hecho de que el Gobierno cubano anunciara que financiará el 50 % del precio de los materiales de construcción a nosotros los damnificados por la destrucción total o parcial de las viviendas es la prueba de que no quedaremos desamparados.

«Y si a eso agregamos que para cubrir la otra mitad de la reconstrucción podemos solicitar créditos bancarios con bajas tasas de interés y mayores plazos de pago, y en los casos de derrumbes totales de viviendas y techos, será el Estado quien asuma el pago de los intereses al banco, eso dice mucho».

Mientras Dayana realiza las diligencias correspondientes, Maileivis me comenta que además de la del poblado cabecera y La Loma, en el territorio existen otras oficinas de trámites en las comunidades Miraflores y Liborio, donde en total han acudido unas 180 personas a realizar gestiones.

Yadir Tamayo Figueredo, técnico de la Vivienda, también forma parte del grupo de especialistas que comparten un lugar común en la oficina. «Ya recorrimos las comunidades La 29, La 30 y Santa Isabel. En total, visitamos más de 150 viviendas para ver en qué estado quedaron y para apoyar a los moradores y decirles que vengan a realizar las gestiones».

Con un grupo de planillas en la mano, Rafaela Martínez Olivera, de la dirección municipal de la Vivienda, refiere que hasta ahora, solo en la comunidad La 21 suman 18 los derrumbes totales de techo, aunque esa cifra continuará aumentando.

Con otras interrogantes en la agenda, Granma volvió a intercambiar con Maileivis, quien explicó que en el caso de que las personas no tengan un estatus legal de su inmueble se acude a los factores de la comunidad para que reconozcan su convivencia y los puntos de dirección de las Zonas de Defensa lo proponen a los consejos de la administración municipales y estos, a su vez, lo someten a la aprobación del Consejo de Defensa Provincial.

En el municipio hay habilitados varios puntos para la compra de materiales, donde las personas deben acudir con la ficha técnica, el certifico del damnificado y el documento de pago. Todo tiene que ser ágil, pero organizado, porque detrás de cada recurso hay cuantiosas sumas monetarias que el Estado eroga con un único fin: proteger al pueblo.

(Tomado de Granma)