Construcción del malecón de la ciudad de Nuevitas, en Camagüey, con la contribución territorial. Foto: Rodolfo Blanco Cué (ACN)

Los datos no son de una provincia o de un municipio en particular. Los datos son del país y resultan elocuentes en su tendencia. Hasta noviembre del 2017, los consejos de las administraciones municipales y provinciales (CAM y CAP) habían aprobado el empleo de más de 429 millones de pesos, provenientes de la Contribución Territorial para el Desarrollo Local (CTDL). De esa cifra, el 29,2 % fue destinado a acciones de reparación y mantenimiento, equivalente a un monto que supera los 125,6 millones de pesos.

Para proyectos de desarrollo local, en cambio, fueron suscritos poco más de 5,1 millones de pesos, apenas el 1,2 % del total aprobado. Sin contar que La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín e Isla de la Juventud no reflejan, al menos en ese periodo, según la información enviada al Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), el empleo de recursos en algún programa de esta naturaleza.

Y no es que esta desproporción sea del todo cuestionable, porque en el gran saco de las reparaciones están las escuelas, los círculos infantiles, los consultorios y hospitales, los cines que no lo habían sido en años, los parques que siempre la gente agradece… Incluso en el rosario de acciones pudieron quedar resueltos vetustos planteamientos de la población, los mismos que de otra manera hubiesen continuado pospuestos entre lo urgente y lo necesario.

El desequilibrio es, cuando menos, llamativo, si tomamos en cuenta el propósito fundamental de la Contribución, sin que el análisis pretenda juzgar, superficialmente, lo acertado o no de los acuerdos aprobados en los territorios. De cualquier manera, las decisiones que los antecedieron fueron adoptadas, como parte de su facultad, por los CAM, justo en la base, donde las entidades –ubicadas allí– generan los ingresos y donde deben estar clarísimas las prioridades.

Pero en esas reparaciones, y de los usos en general, hay de todo como en botica. Lo hecho en determinados lugares, por ejemplo, pudo tener el respaldo, en buena ley, de otras partidas presupuestarias, si la planificación a ese nivel hubiese jugado bien su función; y lejos de colgarse del «1 %», no pocos mantenimientos hubiesen incrementado los niveles de gastos de algunas empresas que optaron por preservar mayores márgenes de utilidad.

En Artemisa y Sancti Spíritus, si bien las cifras no son muy relevantes, sí lo es el uso que allí decidieron darle a una parte de estos ingresos: pago a músicos contratados para las actividades del verano, así como de deudas asociadas a la cuenta de las festividades.

Por ello, a la hora de orientar a las administraciones sobre el mejor manejo de la Contribución, los funcionarios del MFP insisten en su empleo en programas de impacto para el territorio, que logren multiplicar los ingresos y que estos se reviertan en mejoras económicas y/o sociales para la población, porque ese es el camino, en definitiva, hacia el desarrollo.

«Pintar una bodega o reparar un restaurante debe estar incluido quizá entre los gastos de mantenimiento de las empresas de gastronomía, reconoce Meisi Bolaños Weiss, viceministra del MFP, y el dinero de la Contribución debe ir entonces a proyectos más sostenibles, como la producción local de materiales, por ejemplo.

«Hay que velar porque no se asuman con estos recursos gastos que le corresponden al sistema empresarial. Hay que dar respuesta a necesidades acumuladas, a planteamientos, pero no se puede obviar la responsabilidad con la continuidad y sostenibilidad de los programas».

LO HECHO…

De acuerdo con la Ley No. 125, del Presupuesto del Estado para el 2018, la contribución territorial para el desarrollo local prevé disponer de 612 millones de pesos en los disímiles territorios del país, lo que representa un crecimiento respecto a lo concebido en el año que recién concluyó, en el cual se planificaron 480 millones de pesos.

Este incremento responde fundamentalmente, en opinión de Loida Obregón González, directora de Atención de Órganos Locales del Poder Popular, del MFP, al seguimiento ofrecido a cada uno de los establecimientos que están obligados a aportar dicho tributo.

Obviamente, dice, poder disponer de estos recursos significa una oportunidad para los municipios, pero no deben asumirse cual barita mágica. La contribución territorial viene a calzar el Presupuesto, el cual debe ejecutarse sin fisuras. Vale decir que los 612 millones de pesos previstos por concepto de contribución territorial representan, apenas, el 1,7 % de los recursos que destina el Presupuesto al desarrollo de la actividad social en el país.

Una mala desagregación o planificación del Presupuesto en los territorios trae consigo desbalances que luego hay que solucionar, en algunos casos, con esta recaudación adicional.

No obstante, la propia Ley del Presupuesto reitera que «la contribución debe respaldar, en primer orden, gastos imprescindibles que no pueden ser cubiertos dentro del balance presupuestario». Pero no es lo mismo actuar de «apagafuegos financieros», que responder a una planificación anticipada.

En los municipios, insiste Loida Obregón, es preciso seguir incentivando el empleo de la contribución en el logro de un desarrollo sostenible en el tiempo, de modo que lo invertido genere ingresos para el propio territorio.

Reconoce que todavía algunas autoridades tienen dudas sobre el destino que le pueden dar a esos recursos. Entonces subraya que es facultad del municipio decidir, pero después tiene que haber un control efectivo, que permita confirmar, en el terreno, el uso final de lo que fue aprobado.

LA MIRADA DE LOS TERRITORIOS

Si algo está limitando hoy el empleo eficiente de la contribución territorial es la ausencia, en opinión de Julio César García García, jefe de la Administración Provincial de Mayabeque, de planes de desarrollo local bien concebidos, donde estén definidas las prioridades y sustentadas por estudios de factibilidad.

En Mayabeque, explica, en casi la mitad de los casos, la contribución ha respondido a los propósitos para los cuales fue aprobada, pero en otros, por la inmediatez de las decisiones, no se logró ser totalmente eficiente. Ya para el 2018, asegura, se ha estructurado un plan con los posibles usos de esta recaudación, que los sitúa en mejores condiciones desde el punto de vista de la planificación.

Se han intencionado las propuestas, sostiene, hacia actividades productivas que permitan la generación de nuevos servicios y ventas, de modo que el ciclo de empleo genere crecimientos. «Pensamos en minindustrias en las actividades alimentarias y de materiales de la construcción, así como potenciar aquellos proyectos científicos que puedan incidir en la productividad».

Pero existe, a su juicio, otra limitación, tan dañina como la ausencia de proyectos, y es la falta de visión de los gobiernos locales de cómo incrementar los ingresos en sus territorios y atraer inversiones que generen empleos, ventas y, más temprano que tarde, permitan ampliar los aportes del 1 %.

Todavía no he visto, acota, que un municipio haya analizado, pormenorizadamente, el aporte de cada uno de los establecimientos que tiene enclavados allí, o se haya detenido en las causas de por qué no contribuye alguna entidad obligada a hacerlo.

Según Elizabeth Lavastida García, directora provincial de Finanzas, en el 2017 de destinaron más de 17 millones a labores de reparación y mantenimiento de hospitales, centros deportivos y de cultura, escuelas, obras hidráulicas… Sin embargo, también hubo que emplear alrededor de cuatro millones de pesos para cubrir gastos corrientes (pago de salarios), debido a una mala planificación y desagregación presupuestaria.

Justamente eso es lo que no se pueden permitir los territorios, porque así, cómo hablar de desarrollo.

TOCAR LA SENSIBILIDAD

Todo lo que en materia de salud y educación ha sido posible hacer con la contribución ha disparado, literalmente, la satisfacción de la población.

En Mayabeque, por ejemplo, María Dailis Guerra Moré, directora provincial de Educación, resalta el beneficio de estos aportes en 23 instituciones educativas durante el 2017, ya fuera desde el punto de vista constructivo o en el aumento de las capacidades de los círculos infantiles. En la mayoría de las ocasiones, la contribución y el presupuesto se complementaron para ampliar el alcance.

Asimismo ocurrió en el área de salud, donde, a juicio de su director provincial, Luis Armando Wong Corrales, se pudieron reparar, gracias a esta unión de los recursos, 56 consultorios del médico de la familia, de los 32 planificados.

Y la obra de mayor impacto: la reparación capital del Hospital Aleida Fernández, tenía el respaldo presupuestario de 500 000 pesos inicialmente. Con la contribución y otras fuentes de ingresos asignadas desde el Ministerio de Salud, la inversión ronda los seis millones de pesos.

Estos son, claro está, los buenos ejemplos. Pero en pos del avance, toca mirar con profundidad hacia las fisuras, que aún son considerables, para sacar definitivamente del letargo al desarrollo local.

(Con información de Granma)