El Grupo de Lima, en un paso que viene acompasado con la presión en el terreno político para aumentar las medidas de intervención en los asuntos internos de Venezuela, ha manifestado su rechazo absoluto a la decisión soberana del Estado venezolano de convocar elecciones presidenciales para el 22 de abril de este año, fecha que según los acompañantes del diálogo en República Dominicana fue de mutuo acuerdo con los sectores opositores. En el comunicado emitido luego de su reunión, reclaman la falta de transparencia y credibilidad y exigen la presentación de un nuevo calendario electoral.

Habría que recordar que fue desde la Asamblea Nacional (actualmente en desacato) en su segundo periodo, que se hizo el llamado a “elecciones generales” (un término inexistente en la Constitución venezolana) y se daba un plazo de pocos meses para la realización de las mismas. Ahora, este recurso ambiguo y carente de sustento legal, no era más que la justificación para la escalada de violencia en el país que en efecto se vivió durante los meses de abril hasta julio de 2017, cuando la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente desactivó los intentos por convertir la situación de caos en una trampolín para una acción militar desde el extranjero.

Durante esa primera mitad del año 2017, y paralelo a las guarimbas, entre la incitación al enfrentamiento, los destrozos a instituciones públicas, los asesinatos y el caos en general, la dirigencia opositora mantuvo el discurso de anticipar elecciones, alegando que la razón por la que el Gobierno no las convocaba era porque estaba asegurada su derrota.

La intromisión del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, para activar la Carta Democrática que buscaría “examinar la situación venezolana” mediante la revisión del “Informe Almagro” (alimentado con datos de ONGs financiadas por los agentes de la intervención contra Venezuela que operan en EEUU) tenía entonces como una de sus intenciones, presionar para que se cumpliera con el adelanto de elecciones generales en un plazo no mayor de 30 días.

El objetivo era lograr el consenso de 18 votos para la discusión de la Carta Democrática y 24 para su aplicación de manera que, Venezuela, al no permitir que se le violara su autodeterminación subordinándose a los dictámenes de la OEA, fuera catalogado de país forajido, dejando libertad para tomar medidas coercitivas y sancionatorias.

El Departamento de Estado en ese contexto también manifestó la exigencia de anticipar las elecciones presidenciales en el momento en que la nación venezolana se preparaba para los comicios electorales de la ANC. Para entonces, fue el mismo presidente Trump quien mandó un comunicado en donde aseguraba mayores sanciones de efectuarse estas elecciones, y en cambio pedía otras “elecciones libres y justas” difundida a través de la cuenta de Twitter del Secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Francisco Palmieri.

Por otro lado, el alegato de la liberación de los “presos políticos” en el comunicado, difiere de la decisión de la oposición de no firmar un acuerdo de convivencia en República Dominicana, donde este era uno de los puntos negociados. Cuando se contaba con el consenso de ambas partes, fue desconocido en último momento por el antichavismo, como lo anunció el ex presidente del gobierno español y acompañante del diálogo, José Luis Rodríguez Zapatero.

Más adelante, el representante del Gobierno nacional ante la Mesa de Diálogo, Jorge Rodríguez, confirmaría que esto se debió a una llamada hecha desde Colombia en el marco de la gira del secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson.

La alusión dentro del comunicado del Grupo de Lima al tercer informe sobre Venezuela, presentado recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la decisión de la Corte Penal Internacional de conducir un examen preeliminar sobre “presuntos crímenes de Estado y lesa humanidada”, sirven de fundamento a las acusaciones de violación a los derechos humanos, pérdida de la institucionalidad y de las libertades políticas de la población. La primera excluye por completo fuentes oficiales para nutrir su informe, mostrando un escenario completamente parcializado de la nación venezolana, mientras que el segundo, aunque no dieron detalles sobre cuáles informes tomarían en cuenta para el examen, tiene como consulta principal el expediente de la OEA. Parece que, en hacer bulto a la declaración del Grupo de Lima, radicaría el peso de esta decisión de la CPI, ya que los efectos por sí solos no tendrían resultado sino a largo plazo.

El comunicado en cuestión, además, rechaza la participación del presidente Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas, a celebrarse el 13 y 14 de abril en la ciudad de Lima (Perú), así como la convocatoria a elecciones presidenciales, y exhorta al Gobierno venezolano a la apertura de un “corredor humanitario”. Sobre el punto de las elecciones presidenciales, la postura del Grupo de Lima pone de manifiesto las contradicciones entre el frente externo venezolano y los dirigentes opositores, quienes exigían al unísono el adelanto de elecciones presidenciales que hoy rechazan.

En términos políticos, el endurecimiento de esta postura reviste una acción de autoridad para provocar un aislamiento electoral de la oposición que posibilite la articulación de mayores sanciones contra el país desde esta instancia, acorde a las directrices de EEUU.

Por otro lado, con respecto al “corredor humanitario”, utilizar los efectos que han tenido las sanciones financieras contra el país, hiriendo áreas sensibles del tejido social y económico, como parte del bien aprovechado relato de “crisis humanitaria”, que sin ningún interés real por revertir las consecuencias de las acciones tomadas para asfixiar económicamente a Venezuela, sería un acercamiento a las intenciones de EEUU de intervenir el territorio bajo una fachada humanitaria, lo cual en otras latitudes (Haití, República Centroafricana, etc.) ha significado un lucrativo negocio para agencias como la Usaid.

Intencionalmente, el Grupo de Lima lleva el hilo de denuncias al ámbito de las fronteras terrestres, cuando mencionan el “éxodo de miles de venezolanos” y el anuncio de coordinar esfuerzos para enfrentar esa situación. Lo cierto es que esto es una buena excusa para movilizar tropas militares a los espacios limítrofes con Venezuela, decisión que fue tomada por el presidente de Colombia Juan Manuel Santos al desplegar más de 3 mil militares en la frontera, como medidas para contener el flujo de inmigrantes y que fue seguida por Brasil, mediante la visita que hará Michel Temer al estado de Roraima y en la que ordenó duplicar los efectivos militares para enfrentar el “éxodo masivo de inmigrantes”.

La muestra de apoyo a los paises de México y Chile viene dada por atender con diligencia a los llamados de retirarse de los procesos de diálogo para lograr la paz en Venezuela, promovida en parte por la plataforma opositora de Soy Venezuela, y dirigidas por las declaraciones de Rex Tillerson y las de Marco Rubio que intensifican las opciones militares en perjuicio de cualquier otra que implique algún grado de estabilidad política para Venezuela en el mediano y largo plazo, como la realización de elecciones presidenciales en un ambiente de respeto a la institucionalidad venezolana.

El comunicado del Grupo de Lima deja en evidencia sus inconsistencias legales y políticas con respecto a sus propias demandas en el pasado reciente, así como la de actores opositores y otros operadores del frente internacional; también expone sus contradicciones por la exigencia de un supuesto cronograma electoral que el CNE ha venido cumpliendo a cabalidad desde que se realizaron las elecciones regionales el pasado 15 de octubre. Este reclamo en específico fue invocado en 2017, a la vez que intentaban sitiar al país bajo condiciones de tutelaje de organismos extranjeros, en busca de intensificar la violencia y construir una piedra de tranca para que fuera logrado un consenso entre el Gobierno venezolano y la oposición.

Ahora que se materializa el hecho de la celebración electoral, el abandono de este recurso y la admisión de que sobre Venezuela se articula un plan de asedio que busca impedir la resolución interna de su conflicto, quita los ropajes ideológicos y dobles raseros democráticos con los que en 2017 camuflaron sus ataques contra el país.

(Tomado de Misión Verdad)