Algunos han tardado meses para dar con sus hijos, mientras que eso eso se dificulta para los padres que han sido deportados sin sus hijos. Foto Afp

Una niña de seis años repetía un número de teléfono que aprendió, rogando a los agentes de migración que llamaran a su familia, un juez cuestionado en cómo podría comunicarse un menor con sus padres dijo que no tenía respuesta, oficiales no explican a madres detenidas cómo localizar a sus hijos arrebatados de sus brazos hace un día, una semana, un mes, algunos agentes de la Patrulla Fronteriza han dicho a padres que ya nunca más verían a sus hijos.

El presidente Donald Trump declaró este jueves que, junto con su orden de poner fin a las separaciones de niños de sus padres migrantes, había girado instrucciones para la reunificación de las familias separadas. “Queremos ponerlas juntas, no queremos tener los hijos separados de sus padres”, comentó en una reunión de su gabinete. Indicó que dirigió a varias dependencias federales a que trabajen para “mantener juntas a las familias inmigrantes ilegales durante el proceso de inmigración y reunificar a estos grupos previamente separados”.

Pero esto podría ser difícil, ya que muchos padres no saben donde están los hijos; de los cuales fueron separados al cruzar la frontera, algunos están en albergues a miles de kilómetros. De hecho, nadie tiene ni las cifras precisas de cuántos son; miles de los que fueron colocados con otros familiares o cuidadores no pueden ser ubicados por el gobierno (según un reportaje reciente de McLatchy, estos podrían sumar hasta 6 mil).

La agonía y angustia de tanto padres como hijos al ser forzosamente separados, y después para saber dónde estaba cada quien, de entrar en comunicación -con algunas madres diciendo que sus hijos eran tan jóvenes que ni podían hablar aún- es tal sufrimiento que pediatras y sicólogos advierten de “daños irremediables” en los pequeños, y que ha llevado a algunos padres hasta el suicidio, ha girado sobre la pregunta ¿donde están los niños?

Hasta que Donald Trump firmó una orden ejecutiva el miércoles, supuestamente poniendo fin a la práctica universalmente condenada de separar a los niños de toda familia capturada, ingresando sin papeles a Estados Unidos por la frontera con Mexico, por lo menos dos mil 300 menores de edad fueron enviados en los últimos dos meses primero a centros de detención y después a una red de llamados albergues pero privados de libertad. Los cálculos de niños separados desde el año pasado hasta la fecha son de más de 4 mil en total, pero aún no hay datos oficiales completos.

Bajo la llamada política de “cero tolerancia” anunciada en abril -pero aplicada desde meses antes-, todo migrante capturado al ingresar “ilegalmente” al paso es detenido y acusado de cometer un delito criminal por el Departamento de Seguridad Interna. Anteriormente, familias indocumentadas que solicitaban asilo eran liberadas y enfrentaban un proceso judicial civil. Ahora sus hijos son separados e inmediatamente clasificados como “menores de edad no acompañados”, sumándose a más de 11 mill (la mayoría de los cuales ingresaron al país sin padres) que están bajo supervisión de la oficina de refugiados (ORR) de la Secretaria de Salud y Servicios Humanos.

Los menores son colocados en albergues -casi todos operados de manera privada bajo contrato con ORR – donde pueden permanecer un promedio de 51 días. De ahí, el gobierno tiene la obligación de colocar esos menores con “guardas”, en su gran mayoría padres y familiares que residen en el país. Los que no tienen familiares, pueden permanecer mucho más tiempo en los albergues en lo que se buscan guardas. Mientras tanto, sus padres son procesados ante jueces de migración y potencialmente deportados.

Los niños forzosamente separados -incluyendo bebés de tres meses de edad- después de sus estancias en centros de la Patrulla Fronteriza, han sido colocados en albergues en por lo menos 12 estados, y tal vez hasta 20 -nadie sabe exactamente. Todos son administrados por organizaciones privadas bajo contrato con el Departamento de Salud en lo que se ha convertido en una industria multimillonaria en auge.

El gobierno federal ha sido renuente en ofrecer detalles, y ni gobernadores o alcaldes son informados de estas operaciones, ni quienes están ingresando a ellas (el Washington Post esta solicitando información del público para armar un mapa de instalaciones donde podrían estar los niños separados)

Algunos de los nuevos albergues se especializan en menores de 13 años, otros sólo alojan a cientos, otros a más de mil. El flujo de niños en las última semanas ha llevado a que este sistema esa llegando a su máxima capacidad, y por lo tanto el gobierno está preparando abrir más instalaciones incluso en bases militares.

Políticos, abogados y periodistas han logrado ingresar a algunos de los centros de detención como a los albergues para menores de edad, donde han recogido testimonios e imágenes de niños muy jóvenes desconsolados gritando por sus madres, de niños viviendo en jaulas y más que finalmente desataron una condena universal.

A la vez, se han revelado en algunos condiciones alarmantes. Este jueves, el gobernador de Virginia ordenó una investigación sobre quejas de abuso por adolescentes en un centro de detención de inmigrantes, donde afirman que fueron golpeados mientras estaban esposados y colocados a aislamiento, desnudos y temblando en celdas frías. Una investigación de la organización Reveal informó que el gobierno ha pagado más de mil millones 500 mil dólares durante cuatro años a empresas que administran albergues para niños inmigrantes que han sido acusado de prácticas graves, incluso en uno en Houston donde algunos niños fueron inmovilizados e inyectados con poderosos fármacos antipsicóticos. Southwest Key Programs que tiene contratos multimillonarios con el gobierno para manejar más de 12 albergues tiene más de 150 violaciones de normas de salud.

Aun antes de la nueva orden, el gobierno no contaba con un proceso para reunificar padres e hijos, muchos de los cuales no saben dónde está el otro. Algunos han tardado meses para dar con sus hijos, mientras que eso se dificulta para los padres que han sido deportados sin sus hijos.

(Tomado de la Jornada)