Ecuador está atento hoy ante el posible retorno del expresidente Rafael Correa para cumplir la medida cautelar dispuesta en su contra, tras vincularlo con el presunto secuestro del exlegislador Fernando Balda.

Su presentación, cada 15 días a partir de esta jornada, ante la Corte Nacional de Justiac, fue la sanción aplicada por la jueza Daniela Camacho, durante la audiencia donde el exmandatario quedó legalmente involucrado al caso bajo investigación, denunciado por Balda, sobre su plagio ocurrido en Colombia en 2012.

La medida quedó definida aunque los abogados de Correa plantearon que, pasados más de cinco años, el caso prescribió, además de señalar algunas irregularidades en el proceso.

Para otros, la determinación es exagerada, teniendo en cuenta que el vinculado reside en Bélgica, desde donde resulta muy difícil trasladarse, cada dos semanas, a Quito.

Debido a esa misma razón, quienes defienden el exjefe de gobierno coinciden en que todo el proceso es una trama en su contra y un episodio de judicialización de la política y de persecución contra el líder del Movimiento de la Revolución Ciudadana.

A juicio de algunos, en Ecuador se sigue un libreto aplicado en otros países latinoamericanos para frenar la presencia de figuras progresistas en la dirigencia nacional de los pueblos de la región.

Sobre esa teoría, Correa se pronunció recientemente, en entrevista con el medio español El Diario, al cual señaló:

‘es una estrategia regional que viene desde el norte. Han planificado la cooptación de la justicia y están aplicándola en Brasil contra Lula, en Argentina contra Cristian, en Ecuador contra Jorge Glas y ahora vienen contra mí’.

De acuerdo con sus precisiones, ha recibido acusaciones por ventas y contratos petroleros mal hechos, por crimen organizado, tráfico de influencias, sobreendeudamiento y vínculos con la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, pero como todo se derrumbó, ahora lo intentan juzgar por secuestrador, de lo cual, asegura, no hay prueba material.

Sin embargo, Fernando Balda insiste en que es el responsable de su secuestro, sobre el cual ya intentó iniciar una investigación, en 2013, la cual no procedió y cuya lista de involucrados o posibles vinculados excluía al expresidente.

Opinión similar tienen los defensores del exlegislador, quien estaba prófugo de la justicia en 2012, cuando supuestamente ocurrió el secuestro, pues en Ecuador fue condenado a dos años de cárcel por injurias.

En esa línea, el sábado 30 de junio, a 48 horas del inicio de la medida cautelar, Balda presentó la denuncia formal contra Correa, como acusador particular, y solicitó a la fiscalía profundizar en las circunstancias en las que se llevó a cabo su secuestro en Colombia, el cual constituiría un crimen de Estado, según alertó en entrevista con la agencia EFE.

Mientras, a petición de la defensa del expresidente, para mañana está pactada una audiencia de revisión y sustitución de medidas.

No obstante, si el exmandatario no se presenta esta jornada, antes de las 17:00, hora local, en la CNJ, podría aplicarse en su contra una orden de prisión preventiva y de detención internacional.

A la sazón, Balda espera presentar una nueva causa contra el economista, relacionada con el supuesto secuestro, esta vez por peculado, delito que no prescribe.

Por su parte, Correa insiste en que no tiene relación alguna con el incidente y mantiene a la vez, la existencia de toda una estratagema en su contra, como hicieron con el exvicemandatario, Jorge Glas, para despojarlo de su cargo.

Quienes lo defienden, convocaron a una manifestación el venidero 5 de julio, para expresar respaldo a su líder, a quien le exigieron, como militante del Movimiento Nacional pro la revolución Ciudadana, no regresar al país, pues en su opinión, peligra su seguridad integral.

(Con información de Prensa Latina)