Reunidos en la primera sesión plenaria de la IX Legislatura (2018-2023), los diputados acordaron la víspera en el Palacio de Convenciones de La Habana que la celebración de la consulta popular será del 13 de agosto al 15 de noviembre, proceso después del cual el texto regresaría al Parlamento.

Enriquecido por la opinión de los habitantes de la isla, el proyecto de nueva Constitución se perfilaría entonces en la Asamblea Nacional para un referendo que definiría su aprobación o no.

Merece destaque el objetivo de llevar la discusión a todo el pueblo de un documento que está en sintonía con las transformaciones para perfeccionar el socialismo cubano, afirmó en entrevista con Prensa Latina el diputado José Ángel Portal, recién designado ministro de Salud Pública.

De acuerdo con Portal, el proyecto está a la altura del momento histórico que vive la Revolución, y lo importante ahora es la consulta popular.

También la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amarelle, y el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, Raúl Alejandro Palmero, comentaron a Prensa Latina la necesidad de que el país cuente con una ley de leyes adecuada a los avances en la actualización del modelo socio-económico.

Al intervenir ayer en la clausura de la primera sesión ordinaria de la IX Legislatura, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, resaltó la trascendencia de la consulta, por tratarse de un ‘ejercicio de participación directa del pueblo’, que ‘adquiere la mayor relevancia política y será un reflejo más de que la Revolución se sustenta en la más genuina democracia’.

Cada cubano podrá expresar libremente sus opiniones y contribuir a alcanzar un texto constitucional que refleje el hoy y el futuro de la Patria, insistió.

El proyecto de nueva Constitución ratifica el carácter socialista de Cuba y recoge cambios en la estructura del Estado, entre ellos la creación de los cargos de presidente y vicepresidente de la República, y de primer ministro, en reemplazo del actual presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

También amplia los derechos de las personas, con cuestiones como las garantías del debido proceso, el Habeas Corpus, la presunción de inocencia y la reinserción social de los privados de libertad.

Además, recoge varias formas de propiedad, entre ellas la socialista de todo el pueblo, la mixta y la privada; y cambios en la institución del matrimonio, ya que lo define como la unión entre dos personas, mientras que la carta magna vigente lo refleja como la unión concertada voluntariamente entre un hombre y una mujer.

La propuesta relacionada con la modificación de la institución del matrimonio fue una de las más debatidas aquí, y tal vez la más reportada a nivel internacional.