El gobierno de México evalúa hoy la propuesta de Estados Unidos de entregarle 20 millones de dólares para financiar la repatriación de migrantes que buscan llegar al país norteño por la frontera sur.

Sin embargo, las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación aclararon que dicha propuesta se analizará conforme al marco legal aplicable y en función de las prioridades de la política migratoria mexicana.

“El gobierno de México continuará con la cooperación que en materia de migración se tiene con el gobierno de Estados Unidos, buscando en todo momento y de manera constructiva promover una migración ordenada, legal, segura, con pleno respeto a los derechos humanos y al marco jurídico internacional”, añadió el comunicado conjunto de ambas dependencias federales.

La víspera se dio a conocer que el gobierno de Donald Trump planteó al Congreso otorgar a México 20 millones de dólares para acelerar el proceso de deportación a migrantes que se encuentran en condición irregular y evitar que lleguen a la frontera norte de su país.

Según un boletín del Departamento de Estado, los recursos saldrán de los fondos de ayuda exterior de esa dependencia, que se transferirían al Departamento de Seguridad Interior (DSH, por sus siglas en inglés).

 Dichos fondos se utilizarían para ayudar a México a financiar el transporte y proceso de deportación de al menos 17 mil personas que se encuentran en su territorio de forma ilegal, lo cual propiciaría un aumento de 10 por ciento en la expulsión de migrantes latinoamericanos a través de la frontera sur.

“Esta asistencia de una sola vez ayudará al Gobierno mexicano a abordar y potencialmente a disuadir los flujos de migrantes irregulares, lo que ayudará a evitar que inmigrantes ilegales entren a Estados Unidos a través de la frontera sur”, aseguró el DHS.

De acuerdo al comunicado, serán las autoridades mexicanas las que se encarguen de detener y deportar inmigrantes de acuerdo a las leyes nacionales e internacionales; sin embargo, las autoridades de Estados Unidos proveerán el financiamiento de aviones y autobuses, para el traslado de los indocumentados a sus países de origen.

(Con información de Prensa Latina)