Nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador

Andrés Manuel López Obrador recibe un país con problemas económicos, la mayor ola de violencia en 80 años, escándalos de corrupción y múltiples denuncias por violación a derechos humanos.

Es parte de lo que AMLO hereda de los seis años de presidencia de Enrique Peña Nieto.

Es un legado en el que sin embargo no todo es negativo porque, además de estos problemas, el gobierno de Peña Nieto consiguió aprobar reformas estructurales que varios de sus antecesores buscaron por décadas.

Se trata de cuestiones como abrir la explotación de hidrocarburos a la inversión privada o la reforma en telecomunicaciones que extendió la cobertura de internet, una de las claves del desarrollo, según organismos como la Comisión Económica para América Latina (Cepal).

Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador

El desafío de la delincuencia

Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), 2017 fue el año más violento desde que en 1926 estalló la Guerra Cristera.

En 12 meses se cometieron 29.168 homicidios, un 22% más que el año anterior. Los números desataron un escándalo el pasado mes de enero, cuando se hicieron públicos.

Pero desde entonces, la ola de violencia no se detuvo.

En octubre, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Gobierno, se cometieron 2.460 homicidios dolosos en el país. El peor mes fue julio con 2.629. De enero a octubre, el acumulado es más de 24.000, además de 700 feminicidios.

Y la tendencia es que este 2018 será más sangriento que el año anterior, advierte el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad.

Los homicidios son una parte del problema. La organización civil detectó que en los últimos años aumentó la cantidad de regiones, pueblos y ciudades con violencia.

Existen además delitos como el robo de combustible y venta de droga al menudeo que, además de multiplicarse, hay especialistas que consideran que provocan más asesinato.

Un ejemplo: en marzo pasado, Petróleos Mexicanos registró 1.417 sitios de extracción clandestina de hidrocarburos en el país, una cifra 34% mayor a la registrada en el mismo período del año pasado.

Al mismo tiempo, algunos nuevos carteles de narcotráfico como Jalisco Nueva Generación (CJNG) se fortalecieron y disputan el mercado a otras organizaciones.

La estrategia del gobierno de Peña Nieto para combatir el problema no funcionó y el resultado es una “bomba de tiempo” que se deja al nuevo presidente.

Pobreza, deuda, T-MEC…

El nuevo presidente recibe México con casi 55 millones de personas pobres, según el gubernamental Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el organismo encargado de revisar las estrategias oficiales contra la pobreza y marginación.

La cantidad de personas en precariedad equivale al 45% de la población total de México, superior a 120 millones.

El gobierno de Peña Nieto aplicó varias estrategias para combatir el problema como la “Cruzada contra el hambre”, que logró reducir la cantidad de personas en pobreza alimentaria o extrema.

Pero en términos generales, el número de pobres se mantuvo. La diferencia entre ambos tipos de pobreza (alimentaria y extrema) es importante.

Los pobres en situación extrema no tienen recursos para contar con una alimentación básica. El otro concepto clasifica a quienes su ingreso alcanza para cubrir sus necesidades elementales.

Es un reto para el futuro presidente de México, pero hay más. Después de un años se logró renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Pero el nuevo acuerdo, que en español se llama Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), enfrenta un nuevo escenario de incertidumbre.

En las elecciones intermedias del pasado 6 de noviembre, el Partido Demócrata recuperó el control de la Cámara de Representantes.

De acuerdo con especialistas eso podría complicar la ratificación del T-MEC. Los demócratas, por ejemplo, demandan ajustes en el capítulo laboral del acuerdo, lo que abre la posibilidad de realizar nuevas negaciones.

El nuevo tratado es el convenio comercial más importante para México pero no es toda la herencia económica del nuevo presidente.

Con Peña Nieto, el aumento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) fue de 2,1% anual.

A esto se suma el crecimiento de la deuda externa del país, pública y privada, que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda equivale a unos US$190.000 millones, el 53% del PIB mexicano, pero según las calificadoras internacionales de deuda se puede considerar “manejable” y con riesgo medio.

Pero está cercano a su límite, pues esta consideración se ata a la decisión de las autoridades financieras del país.

El próximo gobierno “hereda en términos de finanzas públicas una situación de riesgo en cuanto a los requerimientos financieros del sector público”, explicó Tenorio.

“Se deja una economía agarrada con pinzas. No se puede quitarle algo de ingresos y gastar más”.

Derechos humanos, la crisis

Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán, Nuevo Laredo, Pegasus.

Detrás de cada nombre existe un caso de abuso o violación a derechos humanos cometido durante el gobierno de Peña Nieto.

Son parte de recomendaciones de organizaciones como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Se trata de casos no resueltos o en proceso de impugnación y que toca atender a AMLO. Y son expedientes complejos.

Ayotzinapa, por ejemplo, se refiere a la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Iguala, el 26 de septiembre de 2014.

Recientemente, un tribunal federal ordenó rehacer la investigación del caso realizada por la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR), porque encontró violaciones graves a los derechos de los inculpados.

En Tlatlaya, Tanhuato y Apatzingán, documentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se cometieron ejecuciones extrajudiciales por parte de soldados y policías federales durante operaciones contra la delincuencia organizada.

En Nuevo Laredo, el Alto Comisionado de la ONU denunció la desaparición de al menos 24 personas durante operaciones de la Secretaría de Marina.

Pegasus se llama el software de espionaje que sólo se vende a gobiernos, como parte de su estrategia de seguridad nacional o lucha contra delincuencia organizada y terrorismo.

En México, se utilizó para intervenir las conversaciones de periodistas y defensores de derechos humanos, y se puso bajo investigación.

No se ha resuelto la mayoría de los homicidios de periodistas cometidos durante el gobierno de Peña Nieto.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre el año 2000 y octubre de 2018 fueron asesinados 139 periodistas y otros 21 están desaparecidos.

Como en otros temas vinculados con la violencia, estas cifras son contradictorias según las distintas fuentes.

Algunas organizaciones incluyen en la estadística a personas que colaboran con medios de comunicación, pero no son periodistas. En otros casos, las autoridades no vinculan los crímenes con la actividad de los comunicadores.

El dato de la CNDH se basa en las investigaciones oficiales reconocidas como ataques a la libertad de expresión.

“México no ha experimentado un cambio significativo y objetivo hacia un mayor respeto y vigencia de los derechos humanos”, dijo en su informe anual en marzo pasado el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez.

“Tampoco se ha logrado fortalecer sustantivamente nuestro estado democrático de derecho”.

Para el próximo presidente de México no hay alternativa, empieza la cuenta regresiva de las bombas de tiempo heredadas.

(Con información de BBC)