Sancti Spíritus cuenta con 220 cooperativas y 27 000 asociados. Foto: Vicente Brito/ Escambray

Luego de varios años recogidos en la ley, llegó la hora cero para la aplicación de un nuevo sistema tributario en el sector agropecuario, un proceso que desde los primeros meses del año destapó opiniones y polémicas entre los productores.

Si bien desde que fuera aprobada la Ley Tributaria en el 2012 se sabía por dónde venía el fisco, la noticia confirmó su cercanía cuando los planes de producción y la contratación prácticamente se habían realizado sin conocerse todavía que los ingresos personales del 2018 definirían la primera partida de la declaración jurada, a realizarse en los primeros 60 días del 2019.

Sería una superficialidad decir que los productores aplaudieron la llegada de la contribución, pues el pago de los impuestos no le es grato a nadie. Entonces la opinión de la calle caminó primero que el proceso oficial de información para instruir metodológicamente sobre la manera en que se implementará el cobro del tributo.

Por supuesto que una capacitación sobre algo que llega nuevo no se hace en una semana, ni en un mes, requiere su tiempo y más en una provincia como Sancti Spíritus que sobrepasa las 220 cooperativas y los 27 000 asociados. Lo cierto es que el abanico de criterios nacidos antes de la explicación formal, se erigió en uno de los obstáculos que han enrarecido las sitierías y la mejor comprensión de los tributos.

Hay que decir que la contribución se torna decisiva para el modelo económico que se gesta y nadie debe desconocer la importancia, justeza y utilidad de pagar los impuestos, además comprender que los tributos constituyen la fórmula principal para redistribuir la renta nacional en interés de todos los ciudadanos.

Superados hasta un punto los traumas iniciales, que incluyó, por ejemplo, que algunos productores porcinos frenaran o abandonaran la crianza de cerdos en detrimento de la producción, a partir de agosto se inició el intercambio directo con las bases campesinas y el pago de tributos ha empezado a asimilarse, aunque muchos no parecen convencidos y mantienen en pie un manantial de preocupaciones.

El pago al fisco no es un contrato que se negocia con el productor, sencillamente es una ley tributaria que establece esa obligatoriedad, y, por cierto, los productores cañeros del sector campesino llevan ya un tiempo pagando esa contribución.

Tales tributos fueron aprobados en la Ley 125 del 2017 por la Asamblea Nacional del Poder Popular. El primero tiene que ver con el pago del impuesto por la ociosidad de la tierra, otro incluye las utilidades de las cooperativas del sector agropecuario, toda vez que en el área cañera se aplica desde años anteriores, y llega al surco también el impuesto sobre los ingresos personales a los productores de la tierra a partir del dinero bruto que perciba, a partir de una escala progresiva donde el que más ingresa pagará más.

Los ingresos por el tributo de la ociosidad de la tierra serán utilizados por el Ministerio de la Agricultura con la finalidad de respaldar el desarrollo y la introducción de nuevas tecnologías en función de la producción de alimentos, en tanto la contribución por los otros dos tributos relacionados con el impuesto sobre las utilidades y los ingresos personales serán destinados a los presupuestos municipales con vistas a respaldar gastos sociales de esos territorios, díganse Salud, Educación, entre otros, que el Estado garantiza de forma gratuita.

La novedad en el caso del tributo por los ingresos personales radica en que al final del año todos los campesinos y productores agropecuarios tienen que hacer una declaración jurada, pero con una escala diferenciada; descontando el mínimo exento de 10 500 pesos, además de los ingresos brutos se deduce que el 70 por ciento son de gastos, de los cuales solo tendrán que justificar el 50 por ciento, se le considera también el 5 por ciento de retenciones por las ventas y la contribución a la seguridad social.

La fecha tope será hasta el próximo 30 de abril

Es cierto que los campesinos siempre han respondido a las políticas de la Revolución, mas no se trata de que ahora quieran obviar una ley que les llegó para quedarse, tienen que acatar y sus propias familias serían beneficiarias también de esas aportaciones monetarias al presupuesto del Estado.

El asunto va a las vicisitudes que pasa un productor agropecuario para encarrilar sus producciones, las exigencias que tiene que enfrentar cuando entabla un contrato de entrega de leche, carne, frijol, tomate o vianda, y luego choca contra meses de impago o termina asegurando esas entregas alimentarias comprando insumos por la izquierda a altísimos precios.

Puede ser ese uno de los puntos más polémicos entre los productores y donde el tributo choca con la realidad, porque no puede entenderse que, por ejemplo, químicos importados lleguen muchas veces al surco a través del mercado negro y no por la vía comercial oficial. Eso parece un mal sin cura, tal vez porque el cumplimiento de los planes opaca una incoherencia tan grave y seria como esa.

A pie de surco los criterios son diversos. Algunos sostienen que “va a decaer la producción”; varios insisten en que “no da la cuenta” y solo sembrarán el plan por la cantidad de área, y hay coincidencia en que a las tierras ociosas está bien que se les ponga impuesto porque ese suelo se entregó para producir.

También fuera de esas asambleas de capacitación Escambray conoció opiniones que debieran atenderse, no porque amenacen al fisco, sino por su impacto directo en la producción. “Ha existido rechazo por parte de los productores, fundamentalmente por el desconocimiento del asunto, nunca se había cobrado”, dicen unos. “Ya hay jornales en el campo de 180 pesos el día y, según hay que cumplir el fisco a cabalidad, toca al Estado cumplir con los suministros que se acuerdan para la producción”, según otros.

Las cuentas del tributo son claras, bajo declaración jurada y los productores tienen que llevar a punta de lápiz los gastos; sin embargo, aparecen obstáculos reales como ese que ocurre en Banao, donde hay obreros que no quieren identificarse mientras el campesino tiene necesidad de registrarlos. El tributo es útil y justo, pero las complejidades en el campo exigen también que otros procesos que ocurren alrededor del surco se organicen, tomen el camino legal y funcionen los contratos por igual para ambas partes. La llegada de la contribución en el sector agropecuario traerá consigo más ordenamiento en la gestión, control de los gastos y mejor planificación.

De momento, se impone mantener viva la capacitación en aras de facilitar la comprensión y el cumplimiento de la ley, porque si algo ha faltado es la cultura tributaria; también la garantía del recurso en tiempo y forma. Lo otro es obvio, la contribución lleva costumbre.

(Tomado de Escambray)