El juicio político contra Trump se debe a las presuntas presiones a su homólogo ucraniano, para que investigara a uno de sus principales contrincantes (Joe Biden), de cara a las elecciones de 2020

Desde el lanzamiento de la investigación en el Capitolio el pasado 24 de septiembre, el gobernante republicano ha acusado a los demócratas de “acoso presidencial” y de emprender una cacería de brujas en su contra, al tiempo que defiende como totalmente adecuadas sus interacciones con Ucrania, las cuales motivaron ese proceso.

Pero las cosas parecen complicarse para el jefe de Estado, en medio de los reportes sobre un segundo funcionario de inteligencia preocupado por sus tratos con el país europeo, y el creciente número de citaciones que está emitiendo la Cámara Baja para llamar a testigos a dar su testimonio.

La pesquisa de ese órgano legislativo, que podría llevar a una acusación formal y a la realización de un juicio político en el Senado en busca de su destitución, gira en torno a sus llamados a Kiev para que investigue al exvicemandatario y candidato presidencial demócrata Joe Biden.

Mientras Trump asegura que sus peticiones a Ucrania responden a un interés en luchar contra la corrupción, los demócratas sostienen que se tratan de un abuso del cargo, porque presiona a un país extranjero para que interfiera en las elecciones de 2020.

El público estadounidense parece estar cada vez más de acuerdo con los miembros del partido azul, pues los últimos sondeos sobre el tema ya arrojan un apoyo mayoritario a ese proceso.

La cadena de televisión Fox News, que suele gozar de la preferencia del jefe de Estado, por darle una cobertura generalmente favorable a su administración, publicó una encuesta el miércoles en la cual un 51 por ciento de los entrevistados dijo respaldar de que Trump sea acusado y destituido de su cargo.

Desde el día en que anuncié que me postulaba para presidente, nunca tuve una buena encuesta de Fox News. Cualquiera que sea su encuestador, apesta, expresó Trump en Twitter en reacción a ese sondeo, y llegó a decir que esa cadena “ya no cumple con Estados Unidos”.

Como parte de la estrategia de la Casa Blanca en medio de este panorama, la mansión ejecutiva envió el martes una carta a la titular de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, y a los líderes de tres comités legislativos, para informarles que no cooperará con la pesquisa.

A su vez, el Departamento de Justicia ordenó al embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, no asistir a una deposición prevista para ese mismo día en la investigación de juicio político, aunque ayer sus abogados confirmaron que finalmente comparecerá el 17 de octubre.

También este viernes, los tres comités de la Cámara de Representantes encargados de la pesquisa contaron con la declaración de la exembajadora en Ucrania Marie Yovanovitch, quien fue despedida abruptamente en mayo pasado.

Esa funcionaria del servicio exterior manifestó en el Congreso que Trump presionó al Departamento de Estado para sacarla del cargo, tras acusaciones sin fundamento promovidas por Rudy Giuliani, abogado personal del mandatario.

Además de lidiar con las tramas del proceso en el Capitolio, Trump enfrentó en los últimos días varios reveses judiciales, relacionados con su negativa a hacer públicas sus declaraciones de impuestos, y con sus controvertidas políticas migratorias.

El lunes, un juez federal de Nueva York rechazó el argumento del gobernante de que los presidentes en ejercicio son inmunes a las investigaciones penales, lo cual permitiría a la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan tener acceso a ocho años de sus registros.

De inmediato los abogados de Trump apelaron y un tribunal de apelaciones otorgó un aplazamiento que impidió la inmediata entrada en vigor de esa sentencia, pero solo hasta que esa propia instancia pueda considerar el tema de manera expedita y emitir un fallo al respecto.

En tanto, este viernes, la Corte de Apelaciones para el Distrito de Columbia determinó que un panel parlamentario sí tiene poder para solicitar las declaraciones de impuestos de Trump, y rechazó una solicitud del presidente de bloquear esos esfuerzos.

Además, un magistrado neoyorquino emitió una orden que bloquea temporalmente a nivel nacional una polémica regla del ejecutivo destinada a negar la residencia legal a inmigrantes dependientes de ayudas gubernamentales.

Y en El Paso, Texas, un juez consideró ilegal la declaración de emergencia realizada por Trump en febrero para desviar fondos militares hacia la construcción de un muro en la frontera sur, como reafirmación de que también en las cortes los retos del gobernante son grandes.

(Tomado de Prensa Latina)