La imagen muestra los venezolanos deportados. Foto: Prensa Latina

El Gobierno de Donald Trump solicitó este viernes 28 de marzo autorización para llevar a cabo más deportaciones de personas a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma que solo había sido utilizada desde tiempos de guerra. Mientras, el Gobierno venezolano confirmó la llegada de por lo menos 178 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos.

Presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua recientemente deportados por el gobierno de EE.UU. son procesados para ser encarcelados en la prisión del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), como parte de un acuerdo con el gobierno salvadoreño, en Tecoluca, El Salvador, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma que no había sido invocada desde la Segunda Guerra Mundial.

La petición ocurre luego de que otra solicitud del Gobierno republicano fuera rechazada por el tribunal de apelaciones de Washington: por una votación de 2 a 1, los jueces decidieron mantener activa una orden que prohíbe temporalmente las deportaciones de personas por la ley invocada por Trump.

El Departamento de Justicia estadounidense ha dicho que los tribunales judiciales no deberían “interferir en negociaciones diplomáticas delicadas”, mientras que sostiene, en cambio, que los señalados deberían presentar sus respectivos casos ante un tribunal federal en el estado de Texas, donde se encuentran detenidos.

En la actualidad, las deportaciones al país centroamericano son bloqueadas por una orden emitida por el juez federal de distrito, James Boasberg, principal magistrado del tribunal de Washington.

Al menos 200 ciudadanos venezolanos fueron enviados por el Gobierno de Donald Trump a la cárcel de máxima seguridad salvadoreña Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) al invocar la ley no usada desde tiempos de guerra y luego de que el Tren de Aragua fuera considerado oficialmente como una fuerza invasora para Estados Unidos.

¿En qué consiste la ley de 1798 que usó Trump para deportar a supuestos miembros del Tren de Aragua?

Todo esto ha desencadenado una batalla judicial.

Por un lado, el juez federal se ha comprometido a determinar si el Gobierno ignoró su orden de regresar a las personas deportadas, mientras que la Administración republicana ha invocado el “privilegio de secreto de Estado” y se ha negado a proporcionarle al magistrado los detalles de las deportaciones, puesto que nunca se comprobó que los migrantes fueran miembros de la pandilla o criminales.

Por consiguiente, Trump y sus aliados han pedido el impeachment de Boasberg, a lo que respondió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, quien dijo que este mecanismo “no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial”.

¿“Uso ilegal” de la Ley de Enemigos extranjeros?
Mientras continúa la disputa judicial, los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentaron una demanda en nombre de cinco ciudadanos venezolanos que se encontraban detenidos en Texas.

El abogado principal que representa a los migrantes, Lee Gelernt, ha instado al Supremo estadounidense a “a que mantenga el statu quo para que los tribunales tengan tiempo de atender este caso” y así lograr que “más personas no sean enviadas a una prisión extranjera de mala reputación sin proceso alguno, basándose en un uso ilegal y sin precedentes de una autoridad en tiempos de guerra”.

Este cruce de declaraciones entre la Casa Blanca y los tribunales federales ha puesto en un punto álgido a los poderes estadounidenses.

Boasberg ha dicho que las personas que enfrenten deportaciones deben tener la oportunidad de impugnar su decisión como presuntos pandilleros. En su fallo también aseguró que “existe un fuerte interés público en prevenir la deportación de personas basadas en categorías que no tienen derecho a impugnar”.

Por lo pronto, la suspensión temporal de las deportaciones impuesta por este juez expirará este sábado.

Sin embargo, la ACLU ha pedido su extensión hasta el 12 de abril, mientras que lucha por una pausa más extensa de las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

(Con información de AP y EFE)