Por: Leticia Martínez

Fotos: Roberto Garaicoa

Emisión: 23/05/2019

Luego de poco más de dos décadas, el engendro creado por la Ley Helms Burton pretende de nuevo amenazar la soberanía de Cuba y torpedear las relaciones de la Isla con el mundo. Lo que causó rechazo en el propio año de su firma ─ en el ya lejano 1996 ─ vuelve a recibir la indignación masiva del pueblo cubano y de todos los que con él se relacionan.

Ni el mundo, ni Cuba, se quedaron estancados en los años 90 y la situación en la que se pretende revivir lo que nació condenado a muerte es completamente diferente a aquellos tiempos en que, por ejemplo, prácticamente ninguna empresa de Estados Unidos se relacionaba con la Mayor de la Antillas. Hoy la cifra de entidades norteamericanas que mantienen negocios con Cuba supera las 60 y entonces pareciera que la Ley Helms Burton es una serpiente que se muerde su misma cola.

Sobre estos temas, que se mantienen en la agenda de los cubanos desde inicios de mayo, volvió la Mesa Redonda de este jueves que tuvo como invitado a Alejandro García del Toro, director de Asuntos Legales y Análisis de la Dirección de Estados Unidos del MINREX.

Ante un comentario de una lectora del sitio web Cubadebate sobre “esas propiedades que fueron expropiadas el primero de enero de 1959, que fueron confiscadas, no nacionalizadas; a esa gente nunca hubo ni habrá que pagarles nada, pues sus riquezas robadas al erario público de nuestra nación”; el diplomático explicó que en la Ley Helms Burton recurre a tres términos para referirse a la toma de propiedad por parte del Estado revolucionario: robo, confiscaciones y toma indebida de propiedades.

“En ningún momento, y de manera manipulada, la Ley menciona el tema de las nacionalizaciones. Lo hacen con toda intención, porque uno de los objetivos de esa legislación era darle la posibilidad a los asesinos del régimen de Batista, a sus ministros y los ministros de gobiernos anteriores que se robaron el erario público, para que tuvieran alguna oportunidad, en sus sueños, de recuperar las propiedades”.

Estos actos de confiscación del Estado cubano, aclaró el entrevistado, se derivaron de delitos que cometieron esos personajes, como fue el asesinato de los mártires de Humboldt 7, de las hermanas Giralt y de más de 20 mil cubanos entre 1952 y 1958. Además fueron responsables del robo de más de 400 millones de dólares que pertenecían al erario público.

“Aun hoy Cuba espera las respuestas a las notas diplomáticas que se enviaron en los primeros días de la Revolución al gobierno de Estados Unidos, reclamando la devolución de los asesinos para que fueran sometidos a los tribunales revolucionarios y también del dinero robado y depositado en bancos estadounidense, según consta en los archivos del Banco Nacional de Cuba”.

El término confiscación, explicó García del Toro, abre la posibilidad en la Ley Helms Burton para que se presenten todos esos personajes, que no tienen derecho a ningún tipo de compensación, porque tuvieron un actuar delictivo en Cuba y la confiscación se deriva de esos actos.

Hasta 1996 lo que estaba establecido en la Ley de Reclamaciones Extranjeras de los Estados Unidos es que cuando las propiedades de un ciudadano estadounidense son expropiadas por un proceso de nacionalización, tiene derecho a que su gobierno le certifique la pérdida de esa propiedad y posterior a eso se encamine a negociar con el Estado que efectúo los actos de nacionalización para compensarlo.

“Ninguna de esas personas eras ciudadanos norteamericano entre los años 1967 y 1975, que es cuando el gobierno de Estados Unidos le permitió a sus ciudadanos y empresas certificar cuál era el monto de sus propiedades en Cuba, en función de dejar registrado ese valor para un futuro proceso de negociación con el gobierno cubano”.

En el caso de la expropiación, apuntó el especialista, es la vía por la cual se ejecuta el acto de nacionalización. Hay que mencionar que, entre el año 1898 y 1958, Estados Unidos aumentó sus inversiones en Cuba de 50 millones a mil millones. De tal manera, el control de la economía cubana en 1958 estaba totalmente bajo el poder de Estados Unidos y la Revolución tenía que encontrar la capacidad para transformar radicalmente la economía y la vida social del país.

El directivo del MINREX subrayó que las bases legales del proceso de nacionalización que tuvo que emprender la Revolución estaban recogidas en la Constitución del 40, cuyo articulado en su mayoría fue restituido por la Ley Fundamental de febrero de 1959, la cual dio paso a que se emitieran otras normas jurídicas para facilitar el establecimiento de esos actos de nacionalización, como la Ley de Defensa Nacional, de julio de 1960.

La también conocida como Ley 851 dio lugar a 10 resoluciones para poder traspasar las propiedades de los ciudadanos y empresas norteamericanas a favor del Estado y pueblo cubano. La primera de esas normas jurídicas permitió nacionalizar 26 empresas estadounidenses, como la Compañía Cubana de Electricidad; la segunda nacionalizó los tres Bancos que controlaban toda la actividad bancaria en Cuba; y la tercera nacionalizó 160 empresas estadounidenses de todos los sectores de la vida nacional.

“La Ley 851 establecía un mecanismo de compensación para, en un plazo de entre 20 y 30 años, facilitar que todos esos ciudadanos y empresas estadounidenses tuvieran un pago por la propiedad que habían perdido, de manera legal y conforme al derecho… Se basaba en la formación de un fondo nacional que iba a nutrirse de las exportaciones de azúcar a los Estados Unidos. Se iban a emitir bonos del Banco Nacional de Cuba para ser cobrados por esos reclamantes certificados”.

Sin embargo, acotó el diplomático, la propia política del gobierno de Estados Unidos, basada en la guerra económica y la imposición de medidas para obstaculizar el desarrollo de la economía cubana, impidió que ese fondo pudiera crearse porque entre las primeras medidas que tomaron estuvo la reducción de la cuota azucarera y luego su eliminación.

EN TIEMPOS DE OBAMA

A partir del restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos y su proceso hacia la normalización durante el gobierno de Barack Obama, se produjeron varios intercambios sobre las compensaciones mutuas. “Fueron tres reuniones provechosas, pues ambas delegaciones intercambiaron información sobre sus respectivas reclamaciones”.

Así lo precisó en la Mesa Redonda el  director de Asuntos Legales y Análisis de la Dirección de Estados Unidos del MINREX, quien destacó que esos encuentros permitieron que Cuba planteara el mandato establecido en la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubana, referido a que en cualquier proceso de negociación con el gobierno de Estados Unidos sobre la reclamación de sus ciudadanos y empresas, tiene que estar incluido el tema de las compensaciones ante los daños sufridos por el pueblo cubano.

Ello, dijo, está recogido en dos sentencias del Tribunal Provincial de La Habana en el año 1999 y 2000, donde se establecen los montos que Estados Unidos debe pagar en algún momento al pueblo cubano por los casi 3 mil muertos derivados de los actos terroristas organizados con la complicidad de su gobierno.

También se precisa un monto pecuniario por los daños económicos derivados de la aplicación del bloqueo contra Cuba. Ambas sentencias tienen total fuerza legal y se hicieron conforme a derecho, reseñó.

GARANTÍAS A LOS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS

Durante su intervención en la Mesa Redonda, García del Toro se refirió de manera particular a las garantías que se ofrecen a los inversionistas extranjeros ante la reactivación del título III de la Ley Helms Burton.

Una de las principales protecciones está en el mismo capítulo 1 de la Ley 80, que declara sin valor jurídico y totalmente irrealizable la Ley Helms Burton, “garantía aplicable lo mismo para los cooperativistas del municipio Niceto Pérez, que para los abuelos de la Finca Rosario o los empresarios de cualquier país… No hay ninguna posibilidad de que se ponga en riesgo la titularidad de bienes con la aplicación de la Ley Helms.

El diplomático comentó asimismo sobre la Ley de Inversión Extranjera, donde se establece que cualquier acto de un tercero, en perjuicio de los intereses de los inversionistas no tiene ningún efecto jurídico en nuestro país y el Estado cubano garantizará su protección. Sumado a ello, la nueva Constitución cubana proclamada el pasado abril, en su artículo 28 promueve y garantiza también la inversión extranjera.

Entre otros aspectos, el entrevistado advirtió que la Ley 80 recoge que cuando un inversionista extranjero en nuestro país ha sido afectado por una potencial demanda en virtud de la Ley Helms Burton, el Estado cubano está en la obligación de ofrecerle información y documentación para poder articular la defensa de sus intereses en cualquier corte.

Igualmente en su artículo 4 se precisa que cualquier empresa o ciudadano estadounidense que haga uso de las prerrogativas de la Helms Burton en perjuicios de empresas o ciudadanos cubanos o extranjeros quedarán excluidos de las negociones que se retomen con Estados Unidos.

“Existe toda una arquitectura jurídica en función de garantizar la inversión extranjera. No hay manera de poder rebatir esto y los inversionistas extranjeros pueden estar confiados en nuestro ordenamiento jurídico”.

HOSTILIDAD AL ESTILO TRUMP

Al calificar el clima que se vive hoy con la postura del gobierno de Estados Unidos hacia la Isla caribeña, García del Toro habló de hostilidad, pues “alrededor del diseño de la política exterior con Cuba se ha unido un grupo de funcionarios con vínculos muy estrechos con la extrema derecha anticubana o miembros de ella; la misma en que en 1996 apostó al fin de la Revolución por medio de la aplicación de la Ley Helms Burton”.

Ese grupo de asesores, encabezado por John Bolton, está convencido del uso de la mentira como herramienta de política exterior, bajo cualquier circunstancia y sin importar las consecuencias.

Fue el propio Bolton quien en el año 2001 fabricó pretextos y llevó a los Estados Unidos a la invasión a Irak; y en el 2002 intentó provocar una agresión a Cuba bajo la mentira de un supuesto programa de armas biológicas, lo cual fue desmentido enérgicamente por Fidel.

Ese mismo equipo, que ha visto desinflarse en los últimos meses la falsedad de los supuestos ataques que afectaron la salud de diplomáticos estadounidense en La Habana, ahora recurre a la mentira sobre la supuesta responsabilidad de Cuba en la situación que vive Venezuela.

El punto central de ese grupo asesor, precisó el diplomático, es insistir en todos los foros posibles que Cuba es responsable de que el gobierno de Maduro se mantenga en el poder, cuando se sabe que es una consecuencia directa del apoyo del pueblo venezolano a la unión cívico – militar y al presidente constitucional Nicolás Maduro.