En la Mesa Redonda se despejaron varias interrogantes sobre el trabajo de la abogacía cubana, en ocasión de cumplir 50 años del surgimiento de los bufetes colectivos.

Por Yailin Orta Rivera, especial para la Mesa Redonda

Fotos de Roberto Garaicoa

¿Qué rol desempeña el abogado en la administración de justicia? ¿Qué desafíos tienen esos profesionales en las circunstancias actuales de Cuba? ¿Qué deben hacer los ciudadanos para beneficiarse de este servicio público? ¿Cuáles son los principios de actuación de estos representantes del Derecho y cómo debe ser su relación con el cliente? Estas y otras interrogantes fueron despejadas en la Mesa Redonda de este miércoles, que abordó el trabajo de la abogacía cubana, cuando se cumplieron 50 años del surgimiento de los bufetes colectivos.

Lilia María Hernández, secretaria de la Junta Directiva de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC), destacó la responsabilidad que tienen los abogados de representar y defender los intereses de las personas tanto naturales como jurídicas, y el encargo de resolver esos problemas o conflictos que se les presenten, siempre conforme a la ley.

La directiva recordó que esta profesión se ejerce en Cuba desde la época de la colonia, al tiempo en que se detuvo en los tres grandes momentos que han definido la evolución de la abogacía en nuestro país después del triunfo de la Revolución: en 1965 se crea el primer Bufete Colectivo, a propuesta del Colegio de Abogados de La Habana y cuando todavía coexistía el ejercicio privado de la abogacía; en 1973 se organiza todo el sistema judicial y se dan los primeros pasos para una organización colectiva del abogado; y en 1984 se crea la Organización Nacional de Bufetes Colectivos.

Tenemos, dijo, una organización que dejó atrás el ejercicio privado de la profesión, y que da acceso popular al derecho de poder nombrar y sentirse representado por un abogado. “Para ello contamos con una estructura de 184 bufetes colectivos, que agrupa a más de 2 000 abogados en ejercicio”.

Sobre la responsabilidad de este profesional, hizo énfasis en que tiene el mandato de representar a su cliente a partir de las garantías constitucionales, y aunque no decide la solución de un asunto determinado, ofrece elementos necesarios para la impartición de justicia por parte de los tribunales.

Alegó que cuando trazaron sus planes y objetivos de cara al 2019, advirtieron la importancia que tienen en el fortalecimiento de la cultura jurídica. “Somos educadores jurídicos por excelencia porque trabajamos directamente con la población, pero esta tiene que salir satisfecha con nuestra orientación y servicios”, subrayó.

Explicó que la población confunde al abogado con otros profesionales del Derecho que realizan funciones distintas, entre ellos notarios, fiscales y jueces, entre otras figuras. “El fiscal, por ejemplo, es el representante del Estado y su función es representar la acción penal pública, por ello siempre lo vemos como el observador y el controlador de la legalidad. Los jueces, por su parte, imparten justicia y ellos sí deciden los conflictos. Son operadores del Derecho con los que nos vinculamos. Mientras los notarios no entran en estas relaciones de litigio, sino que emiten escrituras notariales y la fe pública de determinados actos”.

Lizette María Vila, vicepresidenta primera de la ONBC, al referirse al servicio de estas instituciones dijo que están disponibles de lunes a viernes, hasta las 5 y 30 de la tarde. Igualmente aclaró que los ciudadanos tienen el derecho constitucional de escoger al abogado que deseen, pero que puede suceder que en el momento que acuden al bufete quien procuran no se encuentre porque esté en un juicio o en otra actividad, no obstante, allí siempre habrá un abogado de guardia que lo orientará. “Nadie que acuda a nuestras instalaciones queda desprotegido, y se encamina según el asunto: civil, penal, laboral, administrativo… Tampoco existe un horario limitado para que los directivos del bufete atiendan a la población”.

Sobre las tarifas precisó que no las establecen los abogados, sino que están definidas por la Resolución 212 del Ministerio de Justicia para cada tipo de proceso. “Son módicas y se han hecho para que todas las personas tengan acceso a estos servicios. Independientemente a ello existen los contratos exentos de pago para aquellas personas con dificultades económicas”.

Añadió que si alguien tuviera dudas sobre la tarifa puede ir a ver al jefe del equipo o al director del bufete. “El pago se hace en el bufete en un local que le llamamos la caja, en caso de que no sea una consulta jurídica, que se ofrece de forma gratuita. Y antes del pago se establece un contrato jurídico que tiene una tarifa predeterminada, y en la que se precisan los derechos y obligaciones de las dos partes”.

Puntualizó que cuando el abogado se compromete debe exigir las condiciones en las cuales se va a desarrollar el proceso, porque hay determinados datos que deben aportar los clientes. “Nosotros ponemos nuestro conocimiento técnico, pero no las pruebas. Para ello se establece un proceso de interacción que ayuda a conocer hasta la perspectiva del asunto”.

Alberto Miguel Gómez, miembro de la junta directiva de Bufetes Colectivos, comentó que nadie puede tener miedo a ir a ver a un abogado. “Yo sugiero que se vaya antes del problema, para que conozca sus derechos. La persona afectada puede ir al bufete y pedir una entrevista que le ayude a reorientar su comportamiento y este es un servicio gratuito. Es algo que es mejor hacerlo antes de dar cualquier paso, y así se documenta sobre sus derechos, que no basta con creer tenerlos, sino con saber cómo defenderlos”.

También ahondó en las repercusiones de un delito y en el rol que tiene el abogado. “Comienza un conflicto para la familia, que no está preparada para ello. Y algunos hechos pueden ser de carácter intencional, pero otros no, sino consecuencia de una imprudencia. Las personas pueden acceder desde el primer momento al abogado, o este profesional puede intervenir a partir de la ley de procedimiento penal, que lo faculta para intervenir. En los casos sumarios, puede ir al juicio asistido por un abogado, o puede dirigirse al bufete y concertar un contrato para que el abogado sepa qué buscar a su favor”.

Mientras, dijo, en los procesos ordinarios tramitados por el tribunal municipal o provincial “no podemos tener acceso hasta que no se decrete una medida cautelar. En Cuba se establece un límite de hasta 7 días para concurrir al bufete a buscar a un abogado que conozca la materia y a partir de ahí, después de que es acreditado en ese proceso y se entrevistó, comienza a realizar sus acciones, aunque hay otras medidas cautelares que no siempre llevan al acusado a alejarse del medio social donde se desenvuelve.

“Cuando uno tiene una situación difícil uno se siente solo, y el papel de un abogado es muy importante, y más en nuestra sociedad, en la cual lo más importante es el hombre. Uno se abochorna de estos momentos, pero hay que llevarlos adelante porque es lo previsto para reprimir los malos comportamientos. Y el abogado no solo lo asesora en el proceso, sino que está rodeado de familiares que pueden tener el mejor comportamiento social y que no tienen que tener ningún vínculo con el hecho delictivo, por eso se convierte en un consultor familiar, y casi invade el terreno de los psicólogos prestando ayuda, porque la vida cambia para muchas personas a partir de ese momento.

“Lo que se pretende es que ese hombre se reincorpore a la sociedad y lograr su reeducación. Por eso los procesos penales tienen términos para el proceso de solicitud de un abogado, ya que usted sabe qué delitos le están diciendo que cometió y las sanciones. Todo ser humano se defiende, pero esa defensa se complementa con la llamada defensa técnica que ejerce el abogado. Y uno dice, después de que recibió la sanción para qué un abogado, pero este puede buscar atenuantes. Se supone que el fiscal considere que el abogado está buscando matices, como causas y condiciones, sus antecedentes… En el caso nuestro, siempre he defendido que los fines de una sanción en Cuba son reeducar y reincorporar a la sociedad al sancionado”, consideró.

El panelista sostuvo que en los temas penales las decisiones pueden ser recurribles, y esto origina recursos de apelación o de casación, que constituyen un nuevo paso para una nueva relación con el abogado que ya había conducido el proceso hasta ese momento o con el que decida elegir.

En tanto los temas civiles se derivan mayoritariamente del Código de Familia, o  del conflicto con un vecino, o por problemas de préstamos… Mientras los asuntos laborales son por medidas disciplinarias, reclamaciones de salarios, plazas… y el trabajo se hace de forma escrita, para que el cliente puede encauzarse con un escrito coherente, aun cuando el abogado no te puede representar ante las administraciones.

En el espacio televisado se explicó también que los bufetes ofrecen servicios a las empresas, en función de reorganizar su economía y asesorarlas cuando presentan litigios con otras entidades.

Lilia María Hernández ponderó que un abogado cubano debe tener determinados valores como el compromiso social y la integridad, lo cual debe caracterizar su conducta. “No obstante, tenemos equipos que supervisan el trabajo de los abogados a todos los niveles, porque nos preocupamos igualmente por lucir bien, no solo en los escritos, sino por ser elegantes en el trato, en la comunicación y en la oratoria frente a un estrado”.

Tratamos, subrayó, que los abogados sean profesionales integrales, porque un abogado defiende los derechos del ciudadano con todas las garantías de la Constitución. “Y cuando un abogado no actúa en correspondencia con nuestras normas, aplicamos todo el peso de nuestro rigor ético”.

Lizette María Vila resaltó que cuando un cliente tenga una insatisfacción por el trabajo de un abogado determinado, puede dirigirse a la dirección del bufete, o puede ir a las direcciones municipales y provinciales o a la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, en cualquiera de esos niveles se tramitará el análisis.

“Nosotros en 2014 atendimos a un millón de personas, y de ellas 300 000 hicieron contratos de servicios jurídicos. En ese año recibimos 232 quejas, y uno pudiera decir que es poco, pero para nosotros una sola insatisfacción es suficiente, porque 50 años al servicio de la población no es un eslogan, sino una práctica y un principio de actuación”.

Lilia María Hernández, secretaria de la Junta Directiva de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC), destacó la responsabilidad que tienen los abogados de representar y defender los intereses de las personas tanto naturales como jurídicas.

Lizette María Vila, vicepresidenta primera de la ONBC, al referirse al servicio de estas instituciones dijo que están disponibles de lunes a viernes, hasta las 5 y 30 de la tarde.

Alberto Miguel Gómez, miembro de la junta directiva de Bufetes Colectivos, comentó que nadie puede tener miedo a ir a ver a un abogado.

Lilia María Hernández ponderó que un abogado cubano debe tener determinados valores como el compromiso social y la integridad, lo cual debe caracterizar su conducta.