Sobre la actualización de la norma, Mirurgia Ramírez argumentó que esta facilita que haya más amplitud de compromisos del arrendador con el inmueble, lo cual no quiere decir que se estimule el libre albedrío, sino que es más coherente con el desarrollo de este sector de la economía.

Por Yailin Orta Rivera, especial para la Mesa Redonda

Foto:  Roberto Garaycoa

Desde el 2 de mayo se actualizaron las normas jurídicas para el ordenamiento de las formas no estatales de gestión dentro de la gastronomía y los servicios técnicos y personales, lo cual redundará en que estas prácticas respondan a las lógicas de un contexto que tuvo su fase experimental desde 2009.

La directiva del Ministerio del Comercio Interior (Mincin), Mirurgia Ramírez, mencionó en la Mesa Redonda de este martes que esta experiencia, a la que le han dado seguimiento durante un poco más de cinco años, comenzó solo por algunos servicios personales y técnicos y más adelante se introdujo en la gastronomía en unidades que tenían hasta 5 trabajadores.

Sobre la actualización de la norma, argumentó que esta facilita que haya más amplitud de compromisos del arrendador con el inmueble, lo cual no quiere decir que se estimule el libre albedrío, sino que es más coherente con el desarrollo de este sector de la economía.

Se detuvo igualmente en cómo ha evolucionado la norma: “Primero comenzamos con un solo sistema de gestión, el cuentapropismo, y luego se incorporan las cooperativas. Ahora el pago del arrendamiento es a partir de las condiciones que tiene el inmueble, y tiene en cuenta el pago por los impuestos a la contribución del trabajador”.

Precisó que en lo adelanta se exonera del pago del arrendamiento durante los dos primeros años a los cuentapropistas, para que se dediquen a la rehabilitación y acondicionamiento de los locales, en tanto a la cooperativa se le facilita durante n año. También se define el tiempo para acciones de mantenimiento, que es de dos años, lo cual responde a un interés de la población, ya que los inmuebles son parte del patrimonio del pueblo.

Entre las nuevas facilidades, destacó que la contribución a la seguridad social estaba al 5 por ciento, y ahora se ajusta a  la escala que escojan los implicados. Igualmente, ahora la gama de actividades aumentó a unas 55 para ejercer esta gestión.

Como parte de los cambios, subrayó el tiempo establecido para el contrato de arrendamiento, que antes se concebía durante un año y ahora se aprobaron 10, lo que les ofrece más seguridad a los socios y al trabajador que está contratado. Esto no quiere decir, especificó, que luego de los 10 años se le cierre el contrato, sino que se puede prorrogar.

Mirurgia Ramírez sostuvo que ya las tijeras, las capas y otros utensilios de trabajo se le venden a los socios o cuentapropistas, y que lo único que no se van a vender son los inmuebles, los equipos electrógenos, los medios de transporte y los equipos de lavandería.

Sobre los precios, precisó, que comenzaron bajo la lógica de la oferta y la demanda, pero que hoy se aplican precios máximos y se faculta a los consejos de administración territorial a regular los que considere pertinentes.

Del aval de conocimiento para ejercer estas actividades, aludió a que el mayor rigor en ello se le aplicará a los dedicados al expendio de alimentos, y a los que tienen que ver con el masaje, la manicura y con el arreglo de equipos electrodomésticos.

También comentó que se han coordinado con el Ministerio de Educación los procedimientos para adquirir este aval, y para la formación de los técnicos medios.

De las relaciones con las empresas, apuntó que antes solo se vinculaban a ellas para el contrato de arrendamiento, pero que hoy la relación se amplía, ya que pueden dar servicios de contabilidad, de almacenamiento y de transporte. Además, las empresas deben darle seguimiento a los programas priorizados y ese vínculo se establece con los trabajadores por cuenta propia.

Apuntó que al principio el experimento se realizó en 4 provincias y 53 establecimientos, pero la posibilidad se extendió a todos los territorios, en más de 3 938 establecimientos, lo que representa el 30 por ciento del total de esta red del Mincin y participan más de 12 mil trabajadores.

Aseguró que en la gastronomía hay más de 1 7 00 centros gestionados de esta forma una cifra que tenderá al crecimiento-, mientras existen unas 2 210 unidades dedicados de esta forma a los servicios personales y técnicos.

También aludió a que están aprobadas en este momento unas 219 cooperativas, de las cuales están funcionando 110 y 109 se encuentran en proceso de formación. La mayoría de ellas se ubican en La Habana.

Entre los problemas que se han apreciado hasta el momento enumeró:

-La poca efectividad en el seguimiento y el control de las empresas a estas formas de gestión.

-El incremento de los precios sin ser coherentes con la calidad.

-Irregularidades con los abastecimientos.

Precisó que en lo adelanta se exonera del pago del arrendamiento durante los dos primeros años a los cuentapropistas, para que se dediquen a la rehabilitación y acondicionamiento de los locales, en tanto a la cooperativa se le facilita durante n año.

Margarita Acosta, directora de Política de Precios en el Ministerio de Finanzas y Precios, explicó que hoy los CAP pueden fijar precios minoristas máximos, y tarifas en aquellos productos y servicios que deseen regular.

Puso como ejemplo que recientemente se regularon para cooperativas de la gastronomía, que estén vinculadas con el Mincin -porque hay otras que tienen relación con otros ministerios, como el Mintur-, que determinados precios minoristas fueran topados en productos de fabricación nacional como refrescos gaseados, tabacos, ron, productos elaborados con pollos, cervezas.

“Estos productos deben venderse en estos establecimientos a los mismos precios en los que se ofertan en los centros estatales de la red minorista. Esto es favorable para la población, como para las cooperativas, ya que ellas adquieren estos productos en entidades estatales, a precios minoristas con un descuento del 20 por ciento.

“Igualmente se mantiene que por los servicios básicos –agua, electricidad- paguen las mismas tarifas que cuando eran establecimientos estatales, lo que favorece y evita que haya encarecimiento de los costos”, aseguró la directiva.

Todas estas decisiones están encaminadas a aumentar la productividad y la eficiencia.

Una cooperativa tiene personalidad jurídica, se forma con fines económicos y sociales, y se constituyen voluntariamente, sobre la base del aporte de bienes y derechos de sus miembros. Esta organización se sustenta en el trabajo de sus socios, quienes conforman a la asamblea general y eligen a su presidente. Es una forma de gestión colectiva, en la que sus miembros tienen que ser capaces de cubrir con sus ingresos sus gastos y ganar en virtud de lo que aporte cada uno.

Pueden fundarla personas naturales con ciudadanía cubana y mayores de 18 años, sean cuentapropistas o no. También otra de sus fuentes de origen son las formas de gestión estatal que pasan a este nuevo modelo, aunque no se transforma la propiedad estatal porque los inmuebles siguen siendo del Estado y se ponen a disposición de los cooperativistas por arrendamiento.

La creación de una cooperativa, que vienen de la vida estatal, se comunica a los órganos locales de Gobierno, esto pasa a una comisión y luego la aprueba o no el Consejo de Ministros, así se procede en la etapa experimental que tuvo una primera fase de aprobación de 124 cooperativas en el país.

La conformación de la cooperativa en el momento de su gestación implica que se realice la documentación rectora de su trabajo, así como se exige el acto de inscripción en el Registro Mercantil y cuantos registros demande la actividad, como mismo tienen que proceder las empresas estatales en su momento fundacional.

Una cooperativa tiene personalidad jurídica, se forma con fines económicos y sociales, y se constituyen voluntariamente, sobre la base del aporte de bienes y derechos de sus miembros.

Margarita Acosta, directora de Política de Precios en el Ministerio de Finanzas y Precios, explicó que hoy los CAP pueden fijar precios minoristas máximos, y tarifas en aquellos productos y servicios que deseen regular.

La conformación de la cooperativa en el momento de su gestación implica que se realice la documentación rectora de su trabajo, así como se exige el acto de inscripción en el Registro Mercantil y cuantos registros demande la actividad, como mismo tienen que proceder las empresas estatales en su momento fundacional.