Por: Joe Emersberger

La nueva Asamblea venezolana

La Asamblea Nacional, que ahora controla la oposición venezolana, tratará de promulgar una “ley de amnistía” que busca la liberación del dirigente político Leopoldo López y otros, considerados “presos políticos”. Muchas personas confían en Amnistía Internacional para juzgar si esta ley debería apoyarse o no. Esta es una situación desafortunada porque ONG  con mucho dinero, tal como Amnistía Internacional, han demostrado que sirven a los objetivos  de la política exterior de Washington a expensas de los derechos humanos. Hace unos días Amnistía Internacional difundió una declaración en la que exhortaba la aprobación de una ley de amnistía por parte de la nueva Asamblea Nacional.

A diferencia de Leopoldo López, Chelsea Manning nunca fue parte de un golpe militar contra su gobierno electo democráticamente. A diferencia de López, ella nunca secuestró a ningún funcionario público. Lo que hizo fue exponer los serios abusos a los derechos humanos en los que incurrieron los militares estadounidenses en Irak. Manning actuó de esa manera, motivada por su conciencia la cual no le permitió guardar silencio. Asimismo, nunca pretendió que su acción la llevara a la fama, fortuna o poder político, de hecho ocurrió todo lo contrario. Fue sentenciada a 35 años de prisión por sus nobles y altruistas actos. La manera como se llevó a cabo su extensa detención es tan cruel que un vocero estadounidense, PJ Crowley, renunció en señal de protesta. Manning es un ejemplo genuino de “prisionero de conciencia”. No obstante, Amnistía Internacional no ha tenido la valentía política para calificar a Chelsea Manning de esa manera. Leopoldo López, sin embargo, sí recibió esa denominación.

En 2011, un funcionario de Amnistía de EE.UU. me dijo que no estaban muy seguros de la razón por la que se había nombrado a Chelsea Manning prisionera de conciencia. Dos años más tarde, luego de consultar con “expertos”, otro funcionario me dijo que Manning no había sido nombrada prisionera de conciencia porque existían dos elementos de los cuales no estaba segura Amnistía Internacional:

1. Que Manning haya difundido esa información de “manera responsable”.

2. Que el gobierno de EE.UU. la había castigado para evitar que se hicieran públicos los abusos a los derechos humanos.

Ya había explicado en otro artículo por qué esas son unas excusas baratas. Manning no difundió públicamente información clasificada, sino que la suministró a Wikileaks, una organización periodística que ha solicitado la ayuda del gobierno de Estados Unidos para asegurarse que esa información no dañe a inocentes; de hecho Manning se abstuvo deliberadamente de divulgar toda la información sensible a la que tuvo acceso. Es irrisorio que Amnistía Internacional tenga dudas hacia la decisión de Estados Unidos de sentar un triste ejemplo a expensas de Manning.  Sin duda, no desea enemistarse con los funcionarios estadounidenses o los grandes contribuyentes. Amnistía apoya, de manera enfática, que se otorgue clemencia a Manning, pero no desea denunciar la criminalización de lo que ella hizo a pesar de no existir ninguna evidencia que apoye la tesis de que sus acciones dañaron a gente inocente.

El contraste con el caso López no puede ser más abrumador. A Amnistía no le preocupa la pureza de sus objetivos a pesar de que López es un conocido secuestrador y golpista. En el caso de Manning, Amnistía no está clara en sus objetivos y se hizo la vista gorda sobre los motivos por los que fue castigada.

No es necesario creer si Leopoldo López recibió o no un juicio justo para ver el vínculo entre sus declaraciones públicas en 2014 y las muertes de seguidores oficialistas y policías. Dada su participación directa  en un golpe de Estado, es muy posible que López también estuviera involucrado en una conspiración criminal tal como dictaminó un tribunal venezolano. Gente muy respetable ha expresado su preocupación por la falta de transparencia en el juicio de López y la decisión en su contra. Esa es una opinión válida. Sin embargo, eso ha llevado que otras fuentes menos confiables: los abogados de López, los burócratas de la OEA y la muy parcializada Human Rights Watch, hayan llenado un vacío sobre los detalles “conocidos” acerca de su juicio.

Amnistía ha culpado a la encendida retórica de funcionarios de gobierno por incitar ataques en los críticos al gobierno. Las razones de Amnistía para denegar la designación de prisionero de conciencia a Manning, en ese caso absurdas, se basan en la idea general que un discurso público puede tener consecuencias peligrosas. Por supuesto, no toma en cuenta que está justificándose la criminalización del discurso político. Si así fuera, muchos editores y periodistas occidentales estarían en prisión por haber facilitado el camino a la guerra de Irak. Sin embargo, no es necesario apoyar a un discurso que criminaliza para denunciar las declaraciones que podrían incitar la violencia; pero Amnistía no ha expresado la misma preocupación sobre la vehemente retórica antigobierno de la oposición.

Durante las violentas protestas en 2014, un blog publicado por Amnistía Internacional dijo -de manera vaga, pero aún así de su responsabilidad, si consideramos la poca frecuencia con la que la oposición se hace responsable por algo- que “la oposición también es responsable de acción y palabra, y del respeto por el estado de derecho”. Desafortunadamente, ese mismo blog recicló una historia de la oposición acerca de los colectivos que Amnistía Internacional describió como “grupos civiles armados cercanos al gobierno”. Los colectivos son organizaciones políticas informales creadas por gente pobre. En un país aquejado por crímenes violentos, algunos están armados para defenderse y eso ha ocurrido desde mucho antes de que el chavismo llegara al poder en 1999. Pero esa no es la característica predominante, Amnistía simplemente recicló un rumor que se difundió en los medios privados venezolanos (los cuales, contrario a la creencia de muchos, le han dado amplia voz a los opositores del gobierno) durante las violentas protestas en 2014. Dicho rumor se repitió extensamente a lo largo de la prensa internacional y pudo ser utilizado para justificar la represión de organizaciones políticas de las clases pobres. En 2014, este rumor se vinculó a las muertes de algunos seguidores gubernamentales y otras formas de violencia en contra de ellos.

Amnistía Internacional ha hecho este tipo de cosas con anterioridad, en específico luego del golpe de Estado en Haití apoyado por Estados Unidos en 2004 para derrocar ese gobierno legítimamente electo. Amnistía utilizó el término “quimera” para referirse a los partidarios del depuesto gobierno. Fue un término despectivo que fue acuñado por la élite que apoyó al golpe y quienes pronto lanzaron un asalto asesino a los pobres.

La influencia de Estados Unidos y los espantosos abusos a los derechos humanos tienen una estrecha y terrible relación en América Latina. Las recientes y caóticas elecciones en Haití son un ejemplo perfecto. Para reconocidos grupos de derechos humanos es una prioridad las denuncias de la interferencia de Estados Unidos en el mundo entero. Los grandes grupos de derechos humanos, en especial en países con gobiernos de izquierda, Ecuador y Venezuela, por ejemplo, hacen lo contrario. Reflexivamente adoptan las conjeturas de los opositores apoyados por Estados Unidos e ignoran la historia reciente: el golpe de Estado en Haití en 2004 y el golpe en Honduras en 2009, y se olvidan de décadas de apoyo a dictaduras brutales.

ONG como Amnistía Internacional terminan proveyendo una especie de “lavado de ideas” para el gobierno de Estados Unidos y sus aliados. Esa es la manera como la escritora canadiense Linda McQuaig describió, hace muchos años, las funciones de los tanques pensantes financiados por corporaciones en debates sobre políticas domésticas. No todos estarán felices de aceptar lo que dice el gobierno de Estados Unidos o los periodistas corporativos. Es útil tener organizaciones “independientes” y de preferencia liberales como Amnistía para promocionar las necesarias conjeturas y engaños.