Después de las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela, la derecha creyó en lo definitivo. Pero no. El Gobierno chavista de Nicolás Maduro no solo ha sabido manejar este parteaguas, sino que procura encauzar estratégicamente las políticas que defienden que ese siga siendo un mejor país.
Desde el 6 de diciembre, día en que la rancia derecha venezolana, catapultada con la campaña mediática y las presiones económicas ejercidas por la derecha mundial, ganó el mayor número de curules de la Asamblea Nacional, la patria de Bolívar es centro de polarizaciones y de la articulación de una estrategia diseñada para desbancar al chavismo, fuerza política que cambió el mapa de ese país desde hace 17 años.
La Asamblea Nacional, que ahora controla la oposición venezolana, tratará de promulgar una “ley de amnistía” que busca la liberación del dirigente político Leopoldo López y otros, considerados “presos políticos”. Muchas personas confían en Amnistía Internacional para juzgar si esta ley debería apoyarse o no. Esta es una situación desafortunada porque ONG con mucho dinero, tal como Amnistía Internacional, han demostrado que sirven a los objetivos de la política exterior de Washington a expensas de los derechos humanos.
El que empuja no se da. A partir de esta frase popular pudiéramos hacerle varias lecturas a los acontecimientos que sucedieron en Venezuela a partir del 14 de abril, cuando en las urnas Nicolás Maduro Moros se llevó el respaldo electoral que se precisa para llegar democráticamente a la presidencia de esta nación.
La oposición venezolana desconoce los principios establecidos en la Constitución Nacional de este país, al no aceptar la juramentación de Nicolás Maduro como Presidente Encargado de Venezuela. Así lo hizo saber el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, en nombre de la derecha venezolana, cuyos diputados habían anunciado, previamente, su decisión de no asistir a la respectiva toma de posesión.
“Esa juramentación que se va a hacer ahora es una juramentación espuria”, indicó Capriles, para agregar luego que a Maduro “nadie lo ha elegido Presidente”. De esta manera, el líder opositor, abogado de profesión, rechazó la sentencia emitida este viernes por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), referente al caso.
El partido opositor venezolano Primero Justicia, el más votado de la derecha en los comicios regionales de diciembre último, se enfrenta hoy a denuncias de presuntos hechos de corrupción que apuntan a varios de sus integrantes.
La Asamblea Nacional sirvió de escenario a la denuncia contra el diputado Richard Mardo de esa fuerza, responsabilizado con la recepción de cheques de diversos orígenes por una suma cercana a los 600 mil bolívares (139 mil dólares).