Por: María Páez Víctor

Resulta asombroso, y siniestro, que el Parlamento Europeo aprobara el pasado 3 de mayo una resolución (con 492 votos a favor, 87 en contra y 77 abstenciones) exigiendo a Venezuela la suspensión de las elecciones presidenciales previstas para el 20 de mayo. ¿Creen estos países europeos que siguen siendo potencias coloniales que pueden exigir cualquier cosa a otros países? ¿Llega la arrogancia europea hasta el punto de exigir a otro país que ignore su propia legislación, su reglamento electoral y los acuerdos negociados con los líderes de la oposición?

Hubo una época en la que los países no alineados creían que una Europa fuerte e independiente sería un contrapeso saludable para la superpotencia restante. Pero se trataba de una vana ilusión, pues la Europa actual parece un rebaño de ovejas que sigue los dictados del más desequilibrado de los presidentes de Estados Unidos, resuelto a derrocar al Gobierno legítimo, democrático, pacífico y popular de Venezuela.

Claro que estamos hablando del país que posee las mayores reservas de petróleo del mundo, codiciadas por todos. ¿Cómo se atreve su Gobierno a no seguir las directrices neoliberales de Washington, el FMI y el Banco Mundial?

Cuando examinamos la democracia en cualquier lugar del mundo, lo primero que se investiga es el proceso electoral: si hay elecciones, cómo se organizan y quién participa. Se da por hecho que cualquiera que diga apoyar la democracia debe estar a favor de las elecciones.

Cuando se habla de la democracia venezolana, es necesario citar una y otra vez lo que declaró al respecto el expresidente de EE.UU. Jimmy Carter: “De hecho, considerando las 92 elecciones en las que he participado como observador, yo diría que el proceso electoral en Venezuela es el mejor del mundo”.

Una de las razones de la eficacia del organismo electoral (CNE) es la protección contra el fraude en el sistema, que es digital, escrita y electrónica. Hay tres salvaguardas de cada voto: una huella dactilar, un voto electrónico y un recibo en papel.

Otra característica de las 23 elecciones celebradas en Venezuela en los últimos 19 años es la nutrida presencia de observadores nacionales e internacionales. Es importante señalar que Estados Unidos, Canadá y la mayor parte de los países europeos no aceptan observadores internacionales en sus elecciones. Es normal que estos países poderosos examinen el desarrollo de las votaciones de países pequeños, pobres diablos (o “países de mierda”, como les llamó Trump groseramente), pero que nadie se atreva a examinar de cerca lo que hacen los poderosos. Así pasa, que algunos ya hemos conocido dos presidentes de EE.UU. que han accedido a la Casa Blanca bajo dudosas circunstancias (en el mejor de los casos): George Bush, en su segundo mandato y Trump. Ninguno de los dos ganó por mayoría de votos y ambos fueron elegidos gracias al complejo y falto de transparencia sistema clientelar de sus “colegios electorales”. ¿Dónde estuvieron las “exigencias” del Parlamento Europeo en esos casos?

Estamos presenciando con nuestros propios ojos un escenario de subversión y descalificación de la democracia venezolana. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el llamado “Grupo de Lima”, formado por los gobiernos lacayos derechistas de la región, están atacando las mismas elecciones cuya celebración han reclamado (ruidosamente) durante dos años. El Gobierno de Venezuela respondió recordando que, según la legislación vigente, las elecciones deberían celebrarse en 2018; pero no era suficiente. Las querían el año pasado. El Gobierno negoció con la oposición en República Dominicana y acordaron celebrarlas en abril. No fue suficiente, la oposición quería más tiempo y el Gobierno volvió a aceptar y se fijó su celebración para el 20 de mayo.

Ahora la Unión Europea dice que “no acepta” las elecciones porque no ofrecen “garantías”, sin especificar exactamente a qué se refiere, pide que se “regrese al orden constitucional” sin intentar conocer y comprender las leyes y la constitución venezolanas.

En Venezuela el voto es secreto, el proceso es organizado, cuenta con observadores internacionales y con la participación de candidatos de la oposición. Algunos dirigentes opositores han rechazado presentarse, pero ha sido una decisión libre y voluntaria, no causada por algún tipo de prohibición o por hostilidad oficial. A menos que se refieran a Leopoldo López, vástago de dos de las familias más ricas del país, que se encuentra en prisión tras un juicio prolongado e imparcial, en el que contó con los mejores abogados que el dinero puede pagar, y que a pesar de todo fue sentenciado a 13 años de cárcel por incitar (a plena vista de las cámaras) a una inaceptable violencia callejera que causó la muerte de 46 personas. Así es el Estado de derecho: aquellos culpables de crímenes demostrados deben pagar con la prisión, con independencia de la familia de la que procedan.

En realidad, los principales líderes de la oposición están siguiendo la estrategia de la abstención propuesta por Estados Unidos para descalificar las elecciones. El Gobierno es consciente de ello, pero les ha pedido repetidas veces que se presenten a la elección sin resultados. Estos candidatos ausentes están haciendo campaña por la abstención, ¡pidiendo a la gente que no acuda a votar! ¿Qué clase de demócratas son estos, que tras exigir agresivamente elecciones ahora no las quieren y piden a la gente que NO vote? Están intentando demonizar un sistema electoral de por sí excelente.

En resumen, se trata de un montaje, un escenario teatral para seguir demonizando, oponiéndose y castigando a un Gobierno al que pretenden derrocar.

Otro montaje que están representando esos mismos líderes opositores ausentes y sus aliados internacionales –mientras les caen lágrimas de cocodrilo– es su preocupación por el sufrimiento de los venezolanos, para lo que exigen una “intervención humanitaria” que les salve del ogro Maduro (cuyo Gobierno ha construido dos millones de viviendas públicas en los últimos dos años). Quieren una intervención humanitaria como las que han tenido lugar en Siria, Libia e Irak, en las que sus poblaciones fueron “salvadas” de sus propios gobiernos, aniquiladas con soldados y bombas. “Intervención humanitaria” es la expresión de moda que sustituye a invasión. Colombia, con sus siete bases militares estadounidenses, ya ha reunido 3.000 soldados en su frontera con Venezuela “listos” para dicha “intervención humanitaria”.

La verdad es que los gobiernos de izquierda han restaurado y protegido repetidamente la democracia en la región. Actualmente, los gobiernos derechistas de América Latina son incapaces de conseguir el voto popular y han logrado el poder mediante la corrupción (Perú, Colombia, Panamá), el fraude (México), el golpe de Estado (Honduras) y gracias a golpes parlamentarios y “legales” (Brasil, Paraguay). Macri, en Argentina, sería la única excepción, ya que ganó claramente las elecciones.

Los gobiernos derechistas se han unido bajo el paraguas de Estados Unidos implementando un nuevo modelo del infame Plan Cóndor, bajo el cual, en la década de los setenta, fueron asesinados 70.000 líderes sindicales, rurales, políticos y comunitarios. Ahora, envalentonados por el desequilibrado que gobierna la Casa Blanca, han llegado a un punto en el que financian abierta y descaradamente a la oposición venezolana: el mes pasado, por ejemplo, el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence otorgó públicamente en Lima 16 millones de dólares a Julio Borges (1).

¿Qué ocurriría en Canadá si China donara 16 millones de dólares al Nuevo Partido Democrático (2), o en EE.UU. si se lo dieran a los demócratas? ¿Cómo puede Estados Unidos rasgarse las vestiduras alegando que Rusia “intervino” en sus sacrosantas elecciones enviando correos electrónicos, por muy real que pudiera ser el caso? ¿Cómo pueden ignorar las intervenciones que realiza Estados Unidos con impunidad, sin que los medios de comunicación las cuestionen, en las elecciones de una larga lista de países? Y no hablamos solo de países latinoamericanos, ¿ningún reportero se acuerda de Ucrania?

Los gobiernos de derecha de América Latina cuentan con tres armas poderosas:

– La guerra económica, que en Venezuela cuenta con aliados dentro de la élite empresarial y bancaria.

– La ayuda de los medios de comunicación internacionales, que han demostrado carecer del análisis crítico y la capacidad de investigación que pudieron haber tenido en alguna ocasión.

– Los nuevos golpes de Estado legales, conocidos con el término nuevo de “guerra jurídica”, mediante los cuales se manipula a los parlamentos para criminalizar a los oponentes. De esta manera entramparon a Dilma Roussef y Lula en Brasil, a Cristina Fernández en Argentina, y están intentando hacer lo mismo con Rafael Correa en Ecuador (a quien, incluso fuera del poder, consideran una amenaza) y, por supuesto, con Nicolás Maduro.

Hace un año , la oposición venezolana consiguió formar una mayoría en la Asamblea Nacional e, inmediatamente después, el Gobierno venezolano aceptó los resultados sin alegar fraude. Ganaron, no por haber incrementado el número de votos, sino porque muchos simpatizantes del Gobierno se abstuvieron, descontentos con la marcha de la economía.

Pero han sido cinco años de guerra económica y la población ahora comprende quién es responsable de la crisis económica: fueron los líderes de la oposición quienes viajaron por todo el mundo para pedir a las naciones poderosas que sancionaran y boicotearan a su propio país, que le negaran apoyo financiero y diplomático y que les ayudaran a derribar a un Gobierno al que eran incapaces de derrotar en las urnas. Una traición así habría sido inconcebible en el pasado.

Existe un plan sistemático y estratégico ideado por Washington para negar alimentos y medicinas a los venezolanos. Sus ejecutores son las grandes corporaciones, la élite de los comerciantes y los bancos. No podía estar más claro. Por ejemplo, cuando no hay pan en las panaderías o el precio es demasiado alto, la gente empieza a hacer pan en casa. Entonces, la harina y la levadura desaparecen de los estantes de las tiendas. Cuando falta detergente, la gente lava con bicarbonato de soda (hasta ese momento un producto extremadamente barato), que acto seguido desaparece de los comercios. Cuando no se puede conseguir maíz ni harina de maíz, la gente compra yuca, otro producto muy barato que inmediatamente desaparece del mercado o dispara su precio, hasta el punto de que se habla de la “guerra de la yuca”. Estos no son casos simples que obedezcan a la ley de la oferta y la demanda, como algunos puedan pensar. Es una conspiración de la clase empresarial, comercial y financiera, que es tan rica y cuenta con tanto respaldo financiero en el exterior que no le importa si no vende u obtiene beneficios; lo que pretende es estrangular la economía sin importarle el precio que tengan que pagar por ello sus propios conciudadanos. Les mueve el deseo de poder, de un poder que les otorgarán las potencias extranjeras.

Es evidente que cuando retomen el poder los gobiernos progresistas de izquierda (lo que terminará ocurriendo) tendrán que tomar serias medidas para proteger a la democracia de un modo mucho más eficiente y creativo, porque la derecha no respeta las reglas de la democracia representativa. Eso supondrá la democratización de los bancos y de los medios de comunicación, una mayor centralización de las importaciones y la implementación de nueva legislación para prevenir la guerra jurídica.

La izquierda no tiene otra opción que no sea la de profundizar en la democracia participativa, ampliarla, asumir ante la población una mayor responsabilidad social y más transparencia que eviten la corrupción, y fortalecer las comunas (3). La debidamente elegida Asamblea Nacional Constituyente, que está redactando una nueva constitución, ha mostrado tener buen juicio y seguramente estará pensando seriamente sobre estas medidas.

Hinterlaces, la empresa encuestadora más respetada en Venezuela, ha obtenido unos resultados interesantes en relación con las elecciones presidenciales del 20 de mayo:

• El 86 % de la población rechaza cualquier intervención extranjera en el país.
• El 70 % afirma que va a participar en las elecciones, lo cual es una nueva derrota de un sector de la oposición que pide la abstención con el respaldo de Washington.
• el 55 % afirma que votará a Maduro.
• El 11 % afirma que votará a Henri Falcon.
• El 2 % afirma que votará a Javier Bertucci.
• El 50 % afirma que considera que el trabajo que está realizando la Asamblea Nacional Constituyente es “muy bueno, bueno, o entre regular y bueno”.
• El 71 % cree que Maduro ganará las elecciones.

Hay una gran confianza en que la democracia en Venezuela está viva y en buen estado de salud. Por eso Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y sus aliados la temen.

Nota del Traductor:

(1) Julio Borges es un político venezolano fundador del partido Primero Justicia, en el que milita Henrique Capriles, implicado en el asalto a la embajada cubana en el golpe de 2012 e inhabilitado para cargos públicos por desajustes presupuestarios cuando era gobernador del estado de Miranda. Borges ha sido presidente de la Asamblea Nacional en 2017-2018.

(2) El NDP es un partido canadiense de tendencia socialdemócrata.

(3) En Venezuela, y según los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica de las Comunas, este término es utilizado para denominar al espacio socialista que, como entidad local, es definida por la integración de comunidades vecinas con una memoria histórica, rasgos culturales, usos y costumbres compartidos, que se reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades productivas que le sirven de sustento, y sobre el cual ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del poder popular, en concordancia con un régimen de producción social y el modelo de desarrollo endógeno y sustentable, contemplado en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. (Wikipedia)

María Páez Víctor es una socióloga venezolana que ha sido profesora durante muchos años en la Universidad de Toronto, Canadá. Tiene un blog personal: http://paezvictor.blogspot.com.es/

(Tomado de Rebelión)